San Luis Potosí, SLP.- En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, con 17 votos a favor y 6 en contra, se aprobó la reforma al artículo 122 Bis de la Constitución de San Luis Potosí para crear requisitos propios para quien ocupe la Fiscalía General del Estado.
La iniciativa, impulsada por la diputada petista Leticia Vázquez Hernández, separa los requisitos de la Fiscalía de los que se piden para ser magistrado del Poder Judicial, bajo el argumento de que la reforma judicial los volvió inviables para la procuración de justicia. Con el nuevo texto ya no será obligatorio ser potosino, sino únicamente ciudadano mexicano por nacimiento, y la residencia obligatoria en el estado se reduce de cinco a dos años.
El dictamen estuvo marcado por la polémica del artículo transitorio. La versión original del 6 de agosto de la Comisión de Puntos Constitucionales incluía un tercer transitorio que garantiza que la actual fiscal, María Manuela García Cázares, continúe en el cargo en los términos de su toma de protesta, sin que la reforma le aplique de forma retroactiva, ese candado le asegura terminar su periodo hasta el 24 de mayo de 2031.
Una segunda versión del dictamen, fechada el 10 de agosto, eliminaba ese párrafo, lo que se interpretó como una ruta para propiciar su salida, pero en la Gaceta Parlamentaria publicada la noche del lunes restituyó la versión con blindaje y esa fue la que se votó.
La reforma fue rechazada por Morena. En tribuna, el diputado Emilio Rosas Montiel aclaró que su bancada no se opone a que la Fiscalía tenga requisitos propios, pero acusó que el dictamen se procesó con prisas y sin el análisis suficiente. Cuestionó que no se justifica por qué se baja la residencia ni por qué se equiparan por igual el litigio, la docencia, la investigación, el servicio público y la asesoría legal sin definir qué experiencia específica necesita la procuración de justicia. También criticó que se eliminaran las referencias expresas a la probidad y la honorabilidad y advirtió un riesgo de inconstitucionalidad al exigir ser mexicano por nacimiento para un cargo donde la Constitución Federal no lo prevé, un punto que la Suprema Corte ha cuestionado a los congresos locales.
Rosas Montiel señaló además fallas de técnica legislativa, pues el dictamen dice que se aprobó en sus términos cuando en realidad la Comisión modificó la vigencia y agregó el transitorio sin reconocerlo como una modificación. Por ello, anunció que el Grupo Parlamentario de Morena votaría en contra, al sostener que San Luis Potosí merece una Constitución reformada con seriedad y con textos técnicamente correctos.
Finalmente, al cierre de la votación, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, declaró aprobada la minuta y ordenó notificarla a los 59 ayuntamientos del estado, en su carácter de Constituyente Permanente, para que continúe su proceso constitucional.
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