Si en una familia los padres no son los primeros en poner el buen ejemplo y ser congruentes entre lo que dicen y hacen, será difícil exigir que los hijos actúen correctamente. La conducta se enseña más con hechos que con discursos.
Guardando toda proporción, algo similar ocurre con el gobierno mexicano. Si realmente queremos un cambio profundo en el combate a la corrupción, quienes están arriba, quienes concentran el poder, deben ser los primeros en demostrar honestidad y respeto por la ley.
Pero no basta con declararse honestos. Cuando un presidente, gobernador, alcalde, legislador o funcionario incurra en corrupción, debe existir una consecuencia real: investigación, proceso, sanción y, cuando corresponda, cárcel. Sin privilegios, protección política ni distinción de partidos.
Esa sería la señal más poderosa de que México está cambiando.
Cuando disminuya la impunidad, el mensaje comenzará a permear hacia toda la sociedad. Si el ciudadano observa que un funcionario poderoso puede ser castigado, entenderá que nadie debería estar por encima de la ley.
Lo mismo debe ocurrir hacia abajo. Si un funcionario recibe una dádiva para agilizar un trámite, debe ser sancionado, pero también quien ofrece el dinero. La corrupción necesita de dos partes y ninguna debería quedar impune.
Cuando veamos a políticos corruptos frente a un juez y, cuando existan pruebas, cumpliendo una sentencia, entenderemos que el combate a la corrupción pasó finalmente del discurso a los hechos.
Durante años se ha repetido que la corrupción forma parte de la “cultura” mexicana, como si fuéramos deshonestos por naturaleza. Esa explicación resulta demasiado cómoda porque reparte la culpa entre todos y diluye la responsabilidad de quienes tienen el poder.
El verdadero cáncer es la impunidad.
Cuando un funcionario observa que otro robó y nada ocurrió, aprende que también puede hacerlo. Y cuando el ciudadano ve que los poderosos violan la ley sin consecuencias, inevitablemente se pregunta por qué él tendría que respetarla.
Mientras presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios puedan cometer irregularidades sin recibir castigos proporcionales, será muy difícil exigir hacia abajo una conducta diferente.
Para transformar un sistema se necesita algo aparentemente sencillo: el buen ejemplo.
En muchas ciudades del mundo existen sistemas basados en la confianza ciudadana, pero esa confianza también está acompañada de consecuencias para quien rompe las reglas. No funcionan porque todos sean naturalmente honestos, sino porque existe la certeza de que violar la ley tiene un costo.
México no está condenado a vivir en una “cultura de la transa”. Lo que necesita es terminar con la certeza de que quien tiene dinero, influencias o poder puede escapar del castigo.
La corrupción debe combatirse desde arriba. El día en que la ley alcance primero a quienes tienen el poder, comenzaremos realmente a construir un país donde las reglas sean iguales para todos: gobernantes y gobernados.
