El nuevo modelo pretende alcanzar una cobertura de fiscalización de entre 90 y 95%, frente al 20 o 30% actual
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San Luis Potosí, SLP.- La discusión sobre los límites de la fiscalización a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tendrá ahora un nuevo frente: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluirá a la institución dentro de su nuevo esquema de auditorías integrales, que busca elevar considerablemente el alcance de las revisiones durante este año.
Durante su reciente visita a San Luis Potosí, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Paredes, explicó que el nuevo modelo pretende alcanzar una cobertura de fiscalización de entre 90 y 95 por ciento, frente al 20 o 30 por ciento que anteriormente se revisaba.
El anuncio cobra relevancia en medio de las diferencias entre la UASLP y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), particularmente por la revisión de ingresos autogenerados, como cuotas estudiantiles, rentas y otros conceptos sobre los que la Universidad ha defendido los alcances de su autonomía.
Sin embargo, en el ámbito federal el criterio es distinto. Hernández Palacios Paredes precisó que cuando existen recursos provenientes de la Federación, la ASF cuenta con atribuciones para rastrear su destino y aplicación, aun cuando hayan sido transferidos a la Universidad por conducto del Gobierno del Estado.
La fiscalización tampoco se limitará a revisar balances. El organismo federal puede cruzar información relacionada con nóminas, contratos y proveedores mediante sus bases de datos, además de utilizar modelos de riesgo para detectar operaciones que requieran una revisión más exhaustiva.
Así, mientras en San Luis Potosí permanece abierta la controversia sobre hasta dónde puede llegar el IFSE, la UASLP tendrá que afrontar paralelamente una revisión federal de mayor alcance.
En caso de detectarse irregularidades u observaciones que no sean aclaradas dentro de los tiempos establecidos, los resultados podrían derivar en procedimientos para determinar responsabilidades y eventualmente aplicar sanciones.
La llegada de esta fiscalización coloca nuevamente sobre la mesa una diferencia fundamental, la autonomía universitaria mantiene abierta una discusión sobre sus alcances, pero los recursos públicos de origen federal permanecen sujetos a mecanismos de rendición de cuentas.
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