La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este jueves se intensificarán las reuniones con representantes de la industria y otros grupos, en medio de las inconformidades generadas por los lineamientos sobre derechos de las audiencias.
La Mandataria pidió esperar los resultados de esos encuentros antes de continuar el debate que se ha mantenido durante los últimos días.
"El día de hoy va a haber varias reuniones, no sólo con la Cámara, sino con otros grupos. Entonces, vamos a esperar", expresó en la conferencia mañanera.
Sheinbaum se refirió a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), cuyos representantes ya habían sostenido un encuentro con la Consejería Jurídica de la Presidencia para plantear sus observaciones.
La organización ha reconocido que la intención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no es censurar, pero ha advertido sobre disposiciones del proyecto que considera ambiguas y que, a su juicio, podrían afectar la libertad de expresión.
Entre sus cuestionamientos están la posible discrecionalidad de la autoridad, el alcance de las sanciones y las facultades relacionadas con las decisiones de los defensores de las audiencias.
Este jueves, Sheinbaum destacó el reconocimiento de la CIRT sobre la intención de los lineamientos y recordó que la propia industria participó en la discusión de la ley de la que deriva la regulación.
"La propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ha reconocido, porque incluso estuvo de acuerdo cuando se votó la ley", afirmó.
La polémica se generó después de que la CRT presentó el proyecto de lineamientos el 24 de julio y abrió una consulta pública, que comenzó el 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.
Al hablar sobre el tema, Sheinbaum defendió que el proyecto haya sido sometido a consulta antes de definir las reglas.
"No dijimos: 'esta es la regulación, ahí les van los lineamientos'. No. 'Miren, esta es nuestra propuesta. Vamos a abrir la consulta pública. ¿Qué opinan?'", expresó.
En los últimos días, Sheinbaum y la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, han rechazado que las disposiciones permitan al Gobierno sancionar contenidos o determinar qué información es verdadera o falsa.
El Gobierno sostiene que las sanciones se aplicarían por incumplir obligaciones como publicar un código de ética, nombrar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para recibir quejas.
