La civilidad se demuestra

San Luis Potosí no puede acostumbrarse a la violencia política. Mucho menos aceptarla como parte natural de la disputa por el poder.

Los hechos ocurridos en el Mercado República deben encender una alerta que vaya mucho más allá de partidos, filias o fobias. Cuando una diferencia política abandona el terreno de las ideas y desemboca en agresiones, vandalismo e intimidación, lo que se deteriora no es solamente la convivencia entre quienes sostienen posiciones políticas diferentes: se deteriora la democracia.
Enrique Galindo condenó los hechos. Y esa condena es importante porque frente a la violencia política no caben ambigüedades ni silencios convenientes.

Pero lo ocurrido contiene un elemento todavía más inquietante.

El único detenido ha declarado que provenía de un anexo, que recibió un pago y que incluso le escribieron lo que tenía que gritar. Es una declaración que, por su gravedad, obliga a las autoridades a investigar hasta sus últimas consecuencias.

Porque entonces las preguntas son inevitables:

¿Quién lo reclutó? ¿Quién pagó? ¿Quién dio las instrucciones?

Y una más, quizá la más inquietante:

¿Quién es la mano que mueve los anexos?
No se trata de anticipar culpables. Se trata precisamente de exigir que se investigue. Porque si hubo reclutamiento, dinero e instrucciones, la investigación no puede agotarse en quien materialmente participó en los hechos. Tiene que llegar hasta quien los organizó.

La diferencia es sustantiva. Una cosa es un acto individual y espontáneo; otra muy distinta es que detrás pueda existir una cadena de organización, financiamiento e instrucciones. Eso es precisamente lo que corresponde esclarecer.

Y si personas en procesos de rehabilitación fueron utilizadas para una confrontación política, estaríamos ante una práctica particularmente miserable: aprovechar la vulnerabilidad humana y convertirla en instrumento de choque.

Quienes se encuentran en esos espacios necesitan protección, oportunidades y condiciones para reconstruir sus vidas. Utilizarlos políticamente significaría cruzar una frontera ética que ninguna democracia debería tolerar.

También significa preguntarnos qué sucede alrededor de algunos de esos espacios. Quién los controla, quién puede disponer de las personas que ahí se encuentran y bajo qué condiciones. La declaración del detenido abre interrogantes demasiado serias como para archivarlas junto con el parte policiaco de un día.

Y aquí aparece una ausencia que cada día resulta más difícil de justificar: la del CEEPAC.

El árbitro electoral parece haber elegido una posición particularmente cómoda: no ve, no escucha y, sobre todo, no previene. Como si su responsabilidad democrática comenzara solamente cuando el calendario marque formalmente el inicio del proceso electoral.

Pero un árbitro no está únicamente para aparecer cuando el partido comenzó, sacar tarjetas cuando la falta ya fue cometida o contar el marcador al final. Su función implica hacer valer las reglas del juego.

No se trata de una exigencia retórica. La Guía de Buenas Prácticas en Materia Electoral para el Fortalecimiento de los Procesos Electorales de la Organización de los Estados Americanos contiene una definición que debería resultar elemental para cualquier autoridad electoral:

“Los procesos electorales no representan solamente elecciones, sino que son el medio por el cual las sociedades modernas renuevan sus gobiernos de manera civilizada y pacífica”.
Civilizada y pacífica. Dos palabras que frente a lo ocurrido adquieren un significado enorme.

Porque para eso existe la democracia: para sustituir la fuerza por las reglas; la violencia por el voto; la imposición por la voluntad ciudadana.

Las conductas rupestres, la intimidación y el salvajismo político representan justamente la negación de aquello que un proceso democrático significa.

La autoridad electoral no está solamente para organizar elecciones o contar votos. Tiene una responsabilidad en la preservación de las condiciones democráticas bajo las cuales la ciudadanía habrá de ejercer sus derechos.

La prevención es responsabilidad institucional.
Y la omisión tiene consecuencias. Cuando el árbitro encargado de cuidar las reglas observa señales de violencia, intimidación o posibles acciones organizadas con propósitos políticos y permanece inmóvil, su silencio deja de ser neutral. Corre el riesgo de prohijar, desde la omisión, las condiciones para un proceso electoral desaseado.

El CEEPAC no tiene que prejuzgar culpables ni sustituir al Ministerio Público o a las autoridades encargadas de investigar. Pero sí tiene que ver, escuchar, prevenir y actuar dentro de sus atribuciones.
Porque si la esencia misma de los procesos electorales es permitir que las sociedades renueven sus gobiernos de manera civilizada y pacífica, resulta legítimo preguntar: ¿hasta dónde llega la responsabilidad por omisión de un árbitro que, teniendo frente a sí las primeras señales de alarma, decide permanecer como espectador?

Desde 2021 ha habido “bonitos” pactos de civilidad: firmas, fotografías, discursos y llamados a la concordia. Todo muy civilizado para la fotografía.

Pero la civilidad no se acredita en una ceremonia ni puede construirse como una narrativa conveniente que después resulte falaz frente a los hechos. La civilidad se acredita precisamente en los hechos.
Un pacto de civilidad tiene sentido cuando obliga moral, ética y políticamente a quienes lo suscriben; cuando contiene la confrontación, exige respeto entre aspirantes y destierra cualquier forma de intimidación o violencia.

De otra manera, el pacto se convierte en escenografía: una fotografía políticamente correcta frente a una realidad que termina desmintiéndola.

La civilidad tampoco puede invocarse únicamente cuando resulta útil al discurso. Quien la exige para sí tiene que practicarla frente a quien piensa distinto. Quien firma un compromiso para preservar la convivencia democrática tiene que sostenerlo precisamente cuando aparecen las diferencias.

Porque un pacto sin congruencia es solamente propaganda.

De cara al proceso electoral de 2027 seguramente volveremos a escuchar llamados al respeto, a la concordia y a evitar confrontaciones. Bienvenidos sean. Pero esta vez habrá que mirar menos las fotografías y mucho más los hechos.

San Luis Potosí ya conoce las consecuencias de permitir que la violencia penetre en la competencia política.

Desde 2018, distintos procesos electorales han estado marcados por amenazas, agresiones y asesinatos de candidatos y personas vinculadas a la actividad política.
Y hay algo que la historia debería habernos enseñado: la violencia política rara vez comienza con su expresión más grave.

Antes aparecen la descalificación sistemática, la amenaza, la intimidación, la agresión tolerada, los grupos de choque y la idea peligrosísima de que a quien piensa distinto no hay que vencerlo democráticamente, sino anularlo.

Por eso no necesitamos esperar una tragedia para reconocer las señales.

México carga con una memoria dolorosa. Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio hasta el de Carlos Manzo, la violencia política debería recordarnos que ninguna democracia puede frivolizar con la intimidación y mucho menos acostumbrarse a ella.

Normalizar la primera agresión facilita la siguiente. Justificar la violencia cuando se dirige contra quien no nos gusta significa abrir una puerta que después nadie sabe cómo cerrar.
Por eso la condena tiene que ser inequívoca, venga de donde venga y afecte a quien afecte.

También existe una responsabilidad adicional para quien ejerce poder público. A mayor poder, mayor responsabilidad para contener, no para exacerbar; para garantizar libertades, no para construir enemigos; para hacer valer las reglas, no para permitir que la fuerza sustituya a la política.

San Luis Potosí no merece ese nivel de vandalismo y violencia. Lo ocurrido exige esclarecer responsabilidades, prevenir cualquier escalada y garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Es momento de que partidos, gobiernos, autoridades electorales y actores políticos asuman su responsabilidad. Que el CEEPAC rompa el silencio y contribuya desde ahora a construir condiciones de civilidad democrática; y que las autoridades competentes investiguen quién organizó, financió o alentó estos hechos.

Y que respondan las preguntas que siguen sobre la mesa: ¿quién reclutó? ¿Quién pagó? ¿Quién dio las instrucciones? ¿Quién es la mano que mueve los anexos?
El proceso electoral de 2027 no puede comenzar bajo la amenaza de grupos de choque, intimidaciones o violencia.

En democracia se compite; no se combate. El combate queda para quienes confunden argumentos con agresiones físicas y propuestas con vandalismo. Conductas rupestres que no expresan fuerza política, sino incapacidad para entender la democracia.

Las diferencias políticas se dirimen con votos, argumentos y propuestas; nunca con la fuerza.

San Luis Potosí necesita altura política, instituciones firmes y reglas que se hagan respetar.

Porque la civilidad no se proclama ni se firma para la fotografía. Se ejerce, se exige y se garantiza.

Y quien pretenda hacer política desde la violencia debe encontrar enfrente a las instituciones, a la ley y a una sociedad que no está dispuesta a tolerarla.