Opinión
En el análisis de la competitividad económica, la infraestructura vial rara vez se aprecia en su justa dimensión hasta que colapsa. Para la industria de San Luis Potosí el tiempo no es un indicador más: es la variable crítica que define la viabilidad de un proyecto productivo o la permanencia de una inversión. Mover materias primas, componentes o producto terminado bajo el modelo Just in Time exige una precisión casi quirúrgica. Bajo este esquema opera la mayor parte de nuestro sector automotriz y manufacturero. En esa dinámica, un retraso de dos o tres horas no es simplemente tráfico vehicular en la entrada a la ciudad; significa líneas de ensamblaje paradas, penalizaciones en contratos de exportación y sobrecostos que restan fuerza a nuestra región frente a otros mercados globales.
Por eso, cuando la Carretera Federal 57 se paraliza por un percance, un bloqueo o un cuello de botella en sus puntos de cobro y revisión, la economía de San Luis Potosí lo resiente de manera inmediata. Los números explican con claridad el problema. Imelda Elizalde Martínez, coordinadora de la Alianza Empresarial, señalaba recientemente cómo a las plantas de nuestro estado llegan a diario entre 4 mil y 9 mil vehículos de carga pesada por esta vía. Advirtió además algo alarmante: un bloqueo en un solo kilómetro puede provocar pérdidas de hasta 30 millones de pesos en una sola jornada. Ella misma recordaba el colapso de más de 24 horas en mayo sobre el tramo Querétaro–San Luis Potosí, un evento que dejó afectaciones directas a 170 empresas y filas que alcanzaron los 15 kilómetros. Por su parte, la CANACAR, a través de su delegado Norberto Cueto García, estima en alrededor de 150 mil los vehículos que transitan todos los días por esta ruta.
La 57 es, en los hechos, la gran banda transportadora del desarrollo industrial del país, pero seguimos haciéndola operar sobre una estructura física concebida hace más de cuatro décadas. El nearshoring y la expansión de nuestros parques industriales nos alcanzaron a un ritmo acelerado, pero la infraestructura carretera se quedó rezagada.
Frente a esta realidad y al justo reclamo de los sectores productivos, estamos reaccionando desde el Poder Legislativo con soluciones de fondo. Hay que reconocer los esfuerzos de alcance local; las obras impulsadas por el Gobierno del Estado en la rehabilitación de laterales del Circuito Potosí y la ampliación de la Vía Alterna Sur representan pasos urgentes y necesarios para desahogar la presión urbana. Sin embargo, la escala del corredor federal exige una respuesta coordinada por parte de la Federación.
El pasado 1 de junio de 2026 presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para adicionar un Capítulo IV Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El objetivo central es establecer, por primera vez en nuestro marco normativo, un régimen obligatorio de niveles de servicio, operación eficiente y gestión de contingencias para todas las autopistas y libramientos de cuota del país.
Esta propuesta introduce reglas de operación exigibles a los concesionarios privados y a organismos públicos como CAPUFE. La reforma faculta a la autoridad federal para fijar tiempos máximos de espera en plazas de cobro, prohíbe el uso ineficiente de los carriles de telepeaje, obliga a los operadores a contar con infraestructura de desvío y retornos intermedios para liberar la vía rápidamente ante un incidente, y establece sanciones severas que van desde la reducción temporal de las tarifas de peaje al usuario hasta la revisión o revocación del título de concesión ante incumplimientos sistemáticos.
Para el tramo libre entre Querétaro y San Luis Potosí, la vía no es la ley sino el presupuesto. Por eso asumo la responsabilidad: en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 impulsaré de forma prioritaria que se asignen recursos para ampliar a tres carriles por sentido el tramo SLP–Querétaro, tal como lo han solicitado la CMIC y la Alianza Empresarial.
De forma paralela, volveremos a la tribuna para presentar un nuevo exhorto a las autoridades federales centrado en la modernización de los retenes sobre la 57. La seguridad es irrenunciable, pero no puede sostenerse a costa del estrangulamiento logístico. Exigimos tecnología de escaneo no invasivo, monitoreo en tiempo real y protocolos claros que eliminen revisiones arbitrarias, frenen actos de corrupción y devuelvan la fluidez al transporte.
Al final, este no es un asunto que concierna únicamente a las grandes corporaciones. Por la 57 se mueve diariamente el trabajador que viaja a la Zona Industrial, la familia que se traslada entre municipios y el transportista independiente que sostiene su hogar con un solo camión. Cuando la vía se paraliza, todos pierden horas valiosas de vida. Garantizar carreteras funcionales es cuidar los empleos del presente, pero también es proteger el tiempo y la tranquilidad de las familias potosinas.
Al sector industrial, a los transportistas y a las cámaras empresariales de nuestro estado les digo con claridad: entiendo perfectamente el valor de cada minuto en sus plantas productivas y en la entrega de sus mercancías. En San Lázaro tienen a un aliado que conoce de cerca la realidad del sector productivo y que trabaja para traducir sus inquietudes en soluciones legislativas concretas. Sigamos haciendo equipo para que las carreteras de México dejen de ser un obstáculo y se conviertan en el gran motor que mantenga a San Luis Potosí siempre en marcha. Con voluntad es posible
