San Luis Potosí, SLP.- Entre los discursos triunfalistas y las recurrentes cortinas de humo mediáticas, en la capital potosina se soslaya una verdad incómoda que la ciudadanía vive a diario: más allá de los severos colapsos en materia de agua o infraestructura, también hay una profunda crisis de inseguridad, dijo Luis Fernando Gámez Macías, quien añadió que esta no se trata de una narrativa de oposición ni de una apreciación abstracta; sino que se sostiene en datos duros e incontestables.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, más de 6 de cada 10 habitantes de la capital (62.5%) consideran inseguro vivir en su propia ciudad, una cifra preocupante que supera la media nacional. Detrás de ese indicador cuantitativo hay una estadística trágica: miles de carpetas de investigación abiertas por robo a transeúnte, asaltos a negocios y despojo de vehículos en el primer semestre del año, consolidando un clima de constante vulnerabilidad en los barrios y colonias de San Luis Potosí.
“La crítica hacia la gestión del alcalde Enrique Galindo Ceballos debe hacerse sin apasionamientos políticos, pero con rigor técnico. Quien construyó su campaña sobre la promesa de un perfil "táctico" y experimentado por su paso en la antigua Policía Federal, ha entregado una política municipal caracterizada por la improvisación, la reactividad y el aparador mediático”, apuntó el legislador.
Agregó que, desde una perspectiva de seguridad pública, el fallo ha sido estructural: se ha priorizado el marketing institucional y la foto de protocolo por encima de la inteligencia policial, la tecnología aplicada a la prevención y la inteligencia social. El prometido modelo de patrullaje por cuadrantes ha fracasado en la cobertura efectiva, dejando la proximidad comunitaria reducida a un simple eslogan publicitario.
Ante la inoperancia del Ejecutivo municipal: “desde el Congreso del Estado no nos hemos quedado de brazos cruzados. Como diputado local de esta legislatura, he impulsado con firmeza una reforma legal de fondo para aumentar de manera categórica las penas a quienes roben y destruyan el patrimonio de nuestras familias y comercios”.
Defender el esfuerzo de años de un microempresario o el patrimonio que con tanto sudor ha levantado un hogar potosino no es opcional: es un deber institucional con la zona metropolitana.
Gobernar una capital exige estrategia integral, capacidad operativa real y articulación técnica, no simulación ni boletines de prensa maquillados. La seguridad de las familias potosinas no se construye con discursos ni con vanidad política; se resuelve con leyes estrictas que castiguen al delincuente y con acciones firmes que le devuelvan la tranquilidad a nuestras calles.
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