Una jueza federal desechó hoy un amparo promovido por Gilda Lozoya Austin para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, que según ella misma declaró, fue ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2019.
Adriana Uribe Vidal, jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa, desechó por extemporánea la demanda de la hermana del ex Director General de Pemex, Emilio Lozoya, quien desde el 9 de julio está sujeta a libertad con restricciones en un proceso penal por lavado de dinero.
Según Gilda Lozoya, la UIF nunca le notificó formalmente su incorporación en la lista de personas bloqueadas, ordenada a principios del sexenio pasado, cuando el titular de esa oficina era Santiago Nieto.
"El pasado 3 de julio, en el marco de la causa penal 211/2019 en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte, fui informada por mi abogado defensor de que la razón por la que están bloqueadas mis cuentas desde el 2019 a la fecha es por la existencia de un acuerdo administrativo emitido por la UIF y su entonces titular, Santiago Nieto, así como por el bloque que hicieron las instituciones bancarias", declaró Lozoya en su demanda de amparo.
La jueza, sin embargo, consideró imposible que Lozoya se hubiera enterado de la razón del bloqueo de sus cuentas siete años después de que fue ordenado.
"Resulta evidente que la parte quejosa tenía conocimiento pleno de la existencia del acto reclamado con anterioridad al tres de julio de 2026, pues no es jurídicamente sostenible que hubiera participado en procedimientos relacionados directamente con el bloqueo de sus cuentas sin conocer la existencia y los efectos del acto administrativo que lo originó", resolvió la jueza.
Agregó que el plazo para promover el amparo contra la UIF era de quince días contados a partir de que tuvo conocimiento real de los hechos. El desechamiento puede ser impugnadora mediante recurso de queja ante un tribunal colegiado.
Gilda Lozoya Austin está sujeta a proceso por haber transferido del extranjero a México un total de 2 millones 580 mil dólares de origen presuntamente ilícito, que serían parte del soborno pagado a su hermano por la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para la compra de la planta de Agronitrogenados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El 8 de julio, una jueza de control rechazó mantener a la acusada en prisión preventiva justificada, como exigía la FGR, que aportó un informe de la UIF como prueba del riesgo de fuga.
Dicho informe detallaba que hay 12 cuentas bancarias e instrumentos financieros vinculados con Gilda Lozoya, que tenían un registro de siete operaciones inusuales en cinco bancos, además de que recibió depósitos en criptomonedas. No se aclararon las fechas de las transacciones.
La semana pasada, Lozoya promovió otro amparo, para impugnar la filtración a los medios de comunicación de imágenes de su captura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado 1 de julio.
