No hay justicia sin justiciero, al menos así nos lo hacen saber los criterios jurídicos para condenar a una persona. Dicen que hay pecadores públicos, que hieren su juramento ante la constitución, corrompiéndose; sus casos se vuelven un verdadero escándalo, sin embargo, se creen víctimas y en muchos casos convertidos en jueces de sus propios errores.
Para establecer una justicia plena en el país o en el mundo entero, tendríamos que analizar primero aquello que para la sociedad sería un comportamiento no adecuado, que lastima las costumbres sociales, las normas instituidas para la sana convivencia. Que pasa cuando un líder es acusado de un delito grave, sus correligionarios seguramente se volcarían a defenderlo, hasta meter las manos al fuego por él, sin embargo, si sus delitos se comprueban fehacientemente, vendría la frustración, el enojo, para después aceptar que no era un líder como se esperaba, sería un caso tanatológico para sus allegados, tendrían una gran desilusión, coraje, aceptación y olvido.
La oposición mexicana tanto ha llamado al gobierno y a su movimiento, narcos, narco gobierno, narco partido, que se olvidaron que algún día, ¡cómo no! si gobernaron 40 años bajo el manto impune, se revelarían nombres de sus miembros pertenecientes a Acción Nacional estar colaborando con los grandes cárteles, como es el caso de Ernesto Ruffo Appel, un gobernador panista, arropado por Carlos Salinas de Gortari.
Ruffo hizo del estado de Baja California, el bastión de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana y enemigos del Chapo Guzman, no olvidemos que, durante su mandato como gobernador, se dio el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo, que derivó en más poder para los Arellano, al ser capturado del “Chapo”.
Nada es casual, ahora el exgobernador Ernesto Ruffo, enfrenta cargos por huachicol fiscal, como será de delincuente que el propio ex presidente de la república en 2017, acuso a Ruffo Appel de empobrecer “dilapidar” a Baja California, y a ver entregado el estado al cártel de Tijuana. Es importante, que ahora con el afán de defender los intereses panistas y del grupo neoliberal, Calderón Hinojosa, salga a defender a Ruffo, aduciendo “justicia selectiva”; ellos que tanto admiran la justicia, la hacen suya, podríamos asegurar con base en diversas notas, análisis, y testimonios en la declaración del “Chapo” Guzman ante el ministerio público en 1993, señaló enfáticamente la complicidad del gobierno de Baja California y del gobernador Ernesto Ruffo mantener nexos criminales con los hermanos Arellano Félix.
Ahora que todo ha salido a la luz pública, el ex gobernador se encuentra en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, no sin antes un numero pequeño de políticos, exgobernadores, los expresidentes mexicanos y hasta expresidentes de otros países, firmaron un acuerdo para defender al “inocente” de Ernesto, como si un expresidente como Aznar de España, supiera los pormenores de la carpeta de investigación, el móvil criminal, la forma como está compuesta la organización criminal.
Persecución política… móvil electoral.
Veamos que es primero la persecución política, un término usado por la oposición para hacer creer a la sociedad, que el exgobernador es víctima del estado mexicano.
Cuando se persigue a un apersona por sus ideas y su divulgación, la pertenencia a un partido político, organización política, organización civil o por su activismo en contra del actual régimen eso es un perseguido político, sin dejar de ver causas que el estado represor utiliza, control total de la vida pública (un estado arbitrario), que los arrestos se lleven a cabo sin motivos reales o acusaciones falsas.
Nada hay de esto en el caso de Ruffo; en primer lugar, es el principal socio de la empresa Ingemar, S.A. de C.V. que en un principio tenia giro inmobiliario, para posteriormente pasar al campo energético, casualmente a la llegada de López Obrador. ¿Sería que vio algo para hacer negocios con allegados a Peña Nieto y no quedar en la orfandad? En 2023 logró obtener permiso para importar 390 millones de litros de combustible por la secretaría de energía, llegando a 500 millones de litros, pero según las investigaciones de la fiscalía, tan solo en 2025 introdujo la cantidad de 2.5 millones de litros, un excedente de 2 millones no declarado, solo el 10 % lo declaraban , el fraude fiscal por huachicol asciende a 4000 millones de pesos mínimo y como máximo estimado de este fraude, es de más de 5400 millones de pesos, tanto dinero escondido en 80 cuentas puente en Mexico.
Los datos son contundentes, la oposición panista dejó de obtener financiamiento de este corrupto exgobernador, que por cierto financió la campaña de Xóchilt Gálvez y la llegada de Jorge Romero actual presidente del PAN.
¿Quién financiará las campañas panistas nacionales y para gobernadores en los estados?
Nos saludamos pronto.
Oscar Esquivel
