La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha generado debate en la consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ante el riesgo de que la autoridad defina qué información es verdadera y qué contenidos pueden difundirse.
Al corte de las 17:00 horas de ayer, el proceso acumulaba 734 comentarios de 690 participantes únicos, según el registro oficial. La consulta, abierta el pasado 27 de julio a cualquier ciudadano o agente regulado, concluirá a las 23:59 horas del 21 de agosto.
Entre las posturas a favor, diversos participantes consideraron necesario que los medios asuman mayores responsabilidades frente a la difusión de información falsa o tergiversada.
Federico de la O Gómez defendió la medida al argumentar que los lineamientos enfrentan la concentración de medios, el sesgo y la manipulación, garantizando el derecho a información veraz y diferenciada de la opinión o la propaganda.
"Desde gran parte del siglo XX, el control de los principales espacios informativos estuvo concentrado en unos cuantos grupos, lo que limitó la pluralidad de voces", sostuvo.
Por su parte, Ricardo García Álvarez planteó que deben aplicarse sanciones económicas para evitar la reincidencia.
"Quien divulgue falsedades, como lo hacen las cadenas Televisa y TV Azteca, así como varios medios impresos, debe asumir su responsabilidad; no basta con una amonestación, debe haber una sanción económica", señaló.
En tanto, Nahum Díaz Loza calificó de democráticos los lineamientos y propuso reducir de 20 a 10 días hábiles el plazo para responder o resarcir daños por contenidos cuestionados.
En contraste, la principal crítica se centra en otorgar atribuciones a la autoridad para calificar la veracidad de la información.
Luis Enrique Castellanos Gómez advirtió que el anteproyecto carece de una definición objetiva y metodología para determinar la falsedad de un contenido, lo que abre la puerta a la discrecionalidad estatal y la autocensura.
"La ausencia de una definición operativa introduce un margen incompatible con el principio de legalidad y con los estándares interamericanos en libertad de expresión", argumentó.
David Trejo y Jesús Parra Ruiz coincidieron en que, aunque hay aspectos positivos -como la transparencia en patrocinios, la accesibilidad y la diferenciación entre información y opinión-, las reglas sobre contenidos "descontextualizados" no deben lesionar la libertad editorial ni traducirse en censura.
En el mismo sentido, Orlando Rodríguez Martínez y Víctor Javier Bermúdez Reyes alertaron sobre el peligro de que el Estado monopolice el concepto de verdad o se genere un control ideológico, por lo que sugirieron apostar por la alfabetización digital.
Otros participantes rechazaron tajantemente la propuesta. Andrés Isidro Ahedo Rocha comparó los posibles efectos con una "policía del pensamiento", mientras que Jafet Hernández García sostuvo que no debe permitirse que una instancia defina qué se publica.
Las opiniones recibidas no son de carácter vinculante para la CRT, de acuerdo con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
