Tras varias horas de discusión, la Comisión de Integridad de Candidaturas del INE quedará integrada por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas.
Dicho órgano estará presidido por Chávez, consejero que fue electo en abril y es cercano a Morena y a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de asumir el cargo era director de Talleres Gráficos de México.
Los consejeros han advertido que dicha Comisión únicamente fungirá como mediadora o enlace entre los partidos políticos y las dependencias de seguridad.
Esto porque las dirigencias partidistas enviarán, de manera voluntaria, al Instituto la lista de candidatos a evaluar, y la autoridad electoral la canalizará a todas las dependencias gubernamentales involucradas, las cuales regresarán al organismo la información que detectaron y si consideran que existe "riesgo razonable" por posibles vínculos con delincuencia organizada o están involucrados en alguna investigación o ilícito que impacte en su designación.
El Instituto se limitará a enviar a los partidos la documentación, para que sean ellos los que determinen si los postularán o no.
Las dependencias involucradas son el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La legislación determina que las dependencias no revelarán expedientes ni detalles de investigaciones.
Los aspirantes tendrían que aceptar obligatoriamente ser evaluados por la comisión; y todo el procedimiento sería confidencial y reservado para no afectar investigaciones ni el debido proceso.
Si durante las revisiones se detecta información relevante, las instituciones podrían continuar investigaciones o presentar denuncias.
En mayo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que no son ministerio público, únicamente intermediarios.
"El Instituto es una autoridad estrictamente administrativa; no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública", indicó.
Taddei consideró que obligar al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar la probidad de una persona lo colocaría en el centro de la disputa política, vulnerando su papel como autoridad neutral e imparcial.
"Nuestra función constitucional es organizar elecciones", sentenció.
