Opinión
Hay conductas que revelan con mayor claridad la naturaleza de un gobierno que cualquiera de sus discursos. Apropiarse del trabajo ajeno es una de ellas.
El Gobierno del Estado presentó como propias obras que fueron originalmente presentadas por el Gobierno Municipal de la Capital desde 2024. No se trata de una diferencia menor ni de una disputa política por el crédito. Se trata de un principio elemental de la vida pública: el mérito tiene autor.
Lo ocurrido trasciende el anuncio de una obra pública. Coloca sobre la mesa una pregunta mucho más profunda: ¿qué ocurre cuando el poder deja de reconocer el trabajo ajeno y convierte el mérito en una herramienta de propaganda? Porque las sociedades no sólo deben evaluar qué obras se construyen; también tienen la obligación de observar cómo se construyen las narrativas con las que esas obras se presentan ante la ciudadanía.
En cualquier ámbito, el plagio constituye una falta ética. Significa apropiarse del trabajo intelectual de otra persona. En la vida pública esa conducta adquiere una dimensión todavía más grave: no sólo se despoja del mérito a quien realizó el trabajo, sino que se engaña deliberadamente a la ciudadanía sobre el origen de las decisiones, de las ideas y de los resultados de gobierno.
Toda obra pública tiene una historia. Antes de anunciarse existen diagnósticos, planeación, estudios técnicos, proyectos ejecutivos, gestiones presupuestales y acuerdos institucionales. Los proyectos no nacen el día de su presentación pública; son el resultado de trabajo técnico y de decisiones de gobierno.
Reconocer ese proceso no es un acto de cortesía entre gobiernos. Es una obligación democrática. El reconocimiento del mérito fortalece la confianza pública porque acredita que las instituciones son capaces de construir y no de hacer del trabajo ajeno una oportunidad política.
Pretender que ese trabajo no existió para presentarlo como propio no sólo distorsiona los hechos; también engaña a la ciudadanía.
Cuando ese principio se rompe, deja de discutirse una obra y comienza a discutirse una forma de gobernar.
Porque el mérito no es una concesión política; es el reconocimiento ético al trabajo realizado. Y cuando ese reconocimiento se sustituye por la apropiación, no sólo se falsean los hechos: se compromete la honestidad con la que debe ejercerse el servicio público.
En política, plagiar no es sólo copiar. Es atribuirse el trabajo ajeno y presentarlo como propio ante la ciudadanía.
Las instituciones se fortalecen cuando los gobiernos son capaces de coordinarse, reconocer el trabajo recíproco y anteponer el interés público a la disputa por el mérito. Se debilitan cuando la cooperación cede paso a la apropiación política de los proyectos y al desconocimiento de su origen.
En días recientes, Enrique Galindo afirmó: «Me estoy enfrentando a políticos no profesionales». Más allá de la polémica que pueda generar la expresión, conviene detenerse en el fondo de esa afirmación. Porque, más allá de los nombres y de las coyunturas, toda sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de preguntarse qué entiende por profesionalismo en la política y con qué criterios debe evaluar a quienes ejercen el poder.
En política, el profesionalismo no es una etiqueta; es una conducta que se acredita con hechos. Hechos que revelan la relación de un gobernante con la verdad, la honestidad, la ética pública y el reconocimiento del mérito ajeno. Son esos principios, y no la conveniencia política del momento, los que distinguen un ejercicio responsable del poder de uno que privilegia la narrativa sobre la verdad.
Ha llegado el momento de que la sociedad potosina someta al más serio escrutinio público no sólo las obras de sus gobernantes, sino también su manera de gobernar. Que examine con el mismo rigor su relación con la verdad, con la ética pública, con la honestidad y con el respeto al trabajo ajeno. Porque las obras hablan de capacidad; la forma de ejercer el poder habla del carácter.
San Luis Potosí merece que sus gobernantes sean profesionales de la política. Entendido el profesionalismo como el bagaje que otorga la experiencia; ese que se forja con responsabilidad, preparación, educación, trayectoria y la capacidad de conducir el barco público con visión de Estado. Porque gobernar no consiste en apropiarse de las ideas de otros, sino en construir sobre ellas, sumar capacidades y dar soluciones a la ciudadanía.
Gobernar exige visión, capacidad técnica y liderazgo. Plagiar es la vulgar apropiación del trabajo de otros. La política pierde autoridad cuando el reconocimiento deja de depender de los hechos y comienza a depender de la propaganda.
Dejo sobre la mesa una reflexión para que la sociedad potosina revise estos acontecimientos desde la pedagogía de la evidencia. Que sean los hechos, los documentos y la memoria pública los que permitan formar un juicio.
¿Qué gobernantes merece San Luis Potosí?
¿La improvisación o la contundencia que da la experiencia probada?
¿La apropiación del trabajo de otros o la capacidad de construir sobre las buenas ideas, sumar capacidades y dar soluciones a la ciudadanía?
