Al investigar un presunto desvío de 40 millones de pesos, autoridades federales aseguraron 4 millones 30 mil 650 pesos en efectivo en la oficina de un Capitán, en la sede central de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México.
El 9 de septiembre de 2024 la Fiscalía General de la República encontró mil 819 billetes de mil pesos, 4 mil 414 billetes de 500, 13 de 200, 20 de 100 y uno de 50 pesos, dentro de una bolsa de nylon roja, una mochila negra y un sobre amarillo, en la oficina del Capitán Germán Díaz Olivier, que había sido Jefe de Control Presupuestario de la Armada.
El espacio en que despachaba el Capitán se localiza en el piso 2 del edificio "C" de la Armada de México, en la Colonia Los Cipreses, Coyoacán, de acuerdo con la imputación por la que el pasado miércoles Díaz Olivier y otros tres marinos fueron procesados.
No existe antecedente de un aseguramiento millonario, como parte de una investigación ministerial, en el interior de las instalaciones de la Marina.
El ingreso de fiscales, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR respondía a una inspección que era parte de una carpeta de investigación iniciada el 16 de agosto anterior, con base en una denuncia penal de la Armada.
La querella presentada por la Capitán de Navío en Justicia Naval Alejandra Ortiz Soria acusa que, tras una revisión de los sistemas presupuestarios internos y hacendarios, detectaron un posible desvío de 40 millones 746 mil 71.76 pesos.
Los recursos supuestamente se habían empleado para pagar insumos y servicios médicos, sin embargo, éstos nunca fueron entregados a la institución castrense.
Los contratos aparentemente simulados iban desde la adquisición de pruebas rápidas de VIH e inmuno hematológicas, mantenimiento de equipo de Rayos X y unidades de anestesia y tomógrafos, hasta equipo de ventilación mecánica y medicamentos.
El Capitán Jorge Alberto Hernández Tovar, subdirector de Erogaciones Centrales, declaró a la FGR que el 25 de junio de 2024 Díaz Olivier lo abordó para ofrecerle un millón de pesos a cambio de que le ayudara a "cuadrar" 14 cuentas por liquidar certificadas.
"No, jefe, así como me dijo que eran sus asuntos, no me meta, soy contador, no mago... no me meta en sus chingaderas", le respondió.
Durante la audiencia inicial de la semana pasada, Díaz Olivier tomó la palabra y rechazó ser el propietario del numerario.
En su relatoría, el Capitán dijo que el 1 de julio de 2024 fue llamado a la oficina del Contralmirante Manuel Cervantes Acuña, entonces Director Adjunto de Administración de la Semar, donde lo esperaban 10 marinos de su área y 5 agentes de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN).
Cervantes ya le había informado a Díaz Olivier de las irregularidades y cuatro días antes le había entregado un oficio para que las subsanara y reintegrara los 40 millones faltantes.
Durante la reunión, los elementos de la UIN le pidieron el celular y, como no tenía chip, salieron y lo acompañaron a un baño donde el Capitán dijo que lo había dejado. En el camino le empezaron a preguntar en dónde estaba el dinero.
Después de encontrar el chip, Díaz Olivier dijo que los agentes de inteligencia naval lo condujeron a su oficina.
"Patearon la puerta y me dijeron 'no se haga pendejo', me aventó uno de ellos y me preguntó '¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero?' '¿cuál dinero?', les dije. Yo tenía un sobre con 60 mil pesos en un cajón, pero no llevaba llaves del cajón", declaró ante el juez.
"Uno me agarró del brazo y otro ve un buró y sacó una bolsa color rojo transparente con fajos de dinero. '¿Cuánto es?', preguntó. Yo espantado, nervioso, recuerdo que en ese momento ellos sacaron los fajos y los volvieron a guardar".
Poco después lo llevaron a las oficinas de la UIN en el tercer piso del mismo edificio, donde fue sometido a un interrogatorio y respondió que el único dinero que reconocía como suyo era el del sobre amarillo.
"Vamos a tu carro", le dijo un agente de inteligencia, quien lo llevó a la planta baja y lo dejó en la recepción del edificio.
Uno de ellos caminó al estacionamiento, abrió la cajuela del carro de Díaz Olivier y sacó una bolsa con fajos de billetes, según el testimonio del imputado.
"Ese dinero no es mío", les dijo el Capitán, quien recordó que en ese momento los agentes de inteligencia calcularon que lo encontrado en el carro y su oficina eran 6 millones de pesos.
Díaz Olivier acusó a los agentes de la UIN de haberle golpeado y amenazado con hacerle daño a su familia, para que dijera dónde tenía el dinero desviado.
Su defensa buscó invalidar la imputación, alegando que fue objeto de torturas, sin embargo, el juez de control José Antonio Martínez Alvarado rechazó el planteamiento, porque el Capitán nunca se auto incriminó y la FGR no presentó pruebas derivadas de los supuestos tratos vejatorios.
Por el contrario, Díaz Olivier fue vinculado a proceso por peculado, administración fraudulenta y cohecho, en una audiencia donde también fueron procesados por los dos primeros delitos el Capitán Miguel Ramos de la Cruz, el Primer Maestre Retirado José Ricardo Hernández Moncada y el Tercer Maestre Carlos Norberto Tirado Jauri, entonces adscritos a la Dirección Adjunta de Administración de la Marina.
Detectan desvío
El 12 de junio de 2024 el Capitán Jorge Alberto Hernández Tovar, subdirector de Erogaciones Centrales, y el Director de Ejercicio Presupuestal informaron al Contralmirante Manuel Cervantes Acuña, Director Adjunto de Administración, del hallazgo de pagos irregulares.
Le reportaron que entre el 26 de enero al 31 de mayo de 2024 se habían liquidado 14 facturas por 40 millones 746 mil 71.76 pesos por medicamentos, insumos médicos y servicios de mantenimiento a equipo hospitalario que nunca fueron entregados.
Tres de las facturas por 10 millones 584 mil 768 pesos se pagaron a Isaac Santillán Campis; seis por 17 millones 647 mil 578 pesos a PSG Productos y Servicios S.A. de C.V.; y cinco por 12 millones 513 mil 725.05 pesos a Operadora de Servicios Paseo 121 S.A. de C.V.
Al mismo tiempo, le informaron a Cervantes que habían detectado otras dos facturas por 9 millones 985 mil 733.01 pesos cuyos pagos lograron cancelar, gracias a que se descubrieron a tiempo.
La Marina inició en aquel momento una investigación interna; el 16 de agosto del mismo año denunció ante la FGR y el 9 de septiembre se halló el dinero en efectivo en la oficina de Díaz Olivier.
La conclusión de la FGR es que Díaz Olivier, Tirado Jauri, de la Cruz y Hernández Moncada presuntamente ingresaron a los sistemas electrónicos de gestión presupuestal, incluso usurpando claves de usuario, para dar de alta cuentas por liquidar certificadas, realizar adecuaciones presupuestarias y autorizar los pagos en forma ilegal. Luego depositaron el dinero a proveedores que se prestaron para simular contratos.
Los delata proveedor
Isaac Santillán Campis es proveedor de mantenimiento de la Secretaría de Marina desde hace 10 años.
De acuerdo con su testimonio rendido ante la FGR, en enero de 2024 recibió una llamada de un viejo conocido, el Capitán Arturo Ezequiel Martínez Verde, quien le comentó que la Dirección General Adjunta de Administración -donde había laborado- requería comprar papel.
Derivado de esta llamada, el proveedor recibió otra del Tercer Maestre Carlos Norberto Tirado Jauri, quien le hizo la invitación formal para comprarle de 100 cartuchos de tóner y 100 cajas de papel bond por 223 mil 68 pesos. El 11 de enero el marino le pidió que llevara dos facturas de 96 mil 50 y 96 mil 250 más el IVA.
Cuando la Marina le depositó el dinero, Santillán llamó a Tirado Jauri y le pidió una fecha para la entrega de los insumos, según su testimonio ministerial.
"Tirado me dijo que no era necesario, que la Secretaría de Marina necesitaba el efectivo. Al colgar, le llamé al Capitán Martínez Verde y le dije que no estaban pidiendo los insumos sino el efectivo", dijo Santillán, según el testimonio leído por los fiscales en la audiencia inicial.
Siguiendo las indicaciones para descontar el IVA, la cancelación de servicios a terceros y su comisión, Santillán llamó a Tirado Jauri para decirle que ya había hecho las cuentas y que el monto en efectivo que le devolvería era de 160 mil por ambas facturas.
El marino acordó pasar a recoger el dinero al centro de trabajo del proveedor, en Esperanza 8, Colonia El Vergel, en Iztapalapa. Tirado llegó en una camioneta Mazda acompañado del Primer Maestre Retirado José Ricardo Hernández Moncada, oficinista de Control y Análisis Presupuestario.
Los hizo pasar a la cocina y allí les entregó el efectivo. Los Maestres le agradecieron y prometieron darle "más trabajo".
Y así fue. Según la declaración del proveedor, a principios de febrero del mismo año Tirado le pidió cotizar equipo médico y a mediados de mes le envió la cotización. Enseguida el marino le pidió la documentación para tramitar el registro de la adjudicación directa por un monto de 10 millones 584 mil 768 pesos.
"El 23 de febrero me llama Tirado y me dice que el pago quedaría listo para el 27 de febrero y que el equipo ya no iba a ser requerido, que requería el efectivo, que lo checara y que lo que tuviera de costo le dijera", relató.
El 29 de febrero el dinero fue depositado a Santillán.
"Al día siguiente, Tirado me llamó para pedir 7.8 millones de pesos, 100 mil para Tirado y 100 mil para Martínez Verde y que tomara lo de los impuestos y me quedara con 160 mil pesos", declaró el proveedor.
De acuerdo con conversaciones por WhatsApp, entregadas a la FGR por Santillán, el marino le escribió en las horas previas para insistirle con la devolución. "El jefe quiere ese monto, el 7.6", dice un mensaje. "Hasta las 6 me entregas las galletas", indica otro.
Tirado le envió por WhatsApp la dirección en donde debía hacer la entrega del efectivo. El domicilio era Calle Retorno 56, número 6, Colonia Avante, en la Alcaldía Coyoacán.
Esta vez había un problema porque Santillán, según su testimonio ante la FGR, ya había gestionado y pagado 10 millones 199 mil 880 pesos a la empresa DTO Consultores para subcontratar los servicios de mantenimiento y cumplir con el contrato. La exigencia de los marinos lo obligó a pedir la devolución del dinero.
"Solicité que me fuera devuelto el dinero, por lo que el 1 de marzo un contador de DTO Consultores me entregó el dinero en una caja de huevo, por lo que desconté los impuestos y la cancelación", relató.
El proveedor enseguida se trasladó en un Jeep al domicilio de la Colonia Avante. Subió a un cuarto de azotea y allí los marinos contaron el dinero sobre una cama.
En marzo de 2025 el Capitán Elías Canseco, agente de inteligencia naval, contactó e interrogó a Santillán, quien a partir de ese momento delataría a los marinos.
"Me pregunta de los 10 millones y los dos contratos de 111 mil pesos. Me da a conocer que se había cometido un fraude. Yo señalé a Tirado Jauri y Hernández Moncada ante Canseco. El Capitán Canseco se mantuvo en comunicación conmigo para ir a la FGR", declaró.
A partir de entonces, Santillán también proveyó a la FGR de todos los chats, mensajes de voz y archivos de imagen de su teléfono, para incriminar a los marinos con los que tuvo contacto.
