Sostienen que el aumento está relacionado con hechos ocurridos en otros municipios
San Luis Potosí, SLP.- Antes que una discusión sobre cifras, la publicación más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI abrió un nuevo frente entre el Gobierno Municipal de San Luis Potosí y los resultados que muestran los indicadores oficiales. En lugar de centrar el debate en las áreas que reflejan un incremento en la percepción de inseguridad, la administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos atribuyó parte de esos resultados a factores externos.
Tanto el alcalde como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, sostuvieron que el aumento en algunos indicadores estaría relacionado con la incidencia delictiva proveniente de estados vecinos, particularmente Zacatecas, así como con la integración de zonas de Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez en la medición de la ENSU. Sin embargo, hasta el momento no se presentaron elementos técnicos o estadísticos que respalden esa afirmación.
El posicionamiento municipal surge luego de que la ENSU reportara un incremento en la percepción de inseguridad entre los habitantes de la capital, al pasar de 57.6 a 62.5 por ciento. Además, la encuesta refleja que la ciudadanía mantiene preocupaciones por temas que son competencia directa del Ayuntamiento, como el estado de las vialidades, el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento del alumbrado público.
A pesar de que la administración capitalina atribuye parte de los resultados a factores ajenos al municipio, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a San Luis Potosí capital con una alta incidencia en diversos delitos del fuero común. Entre ellos destacan 2 mil 191 carpetas por violencia familiar, 2 mil 020 por narcomenudeo, 931 por fraude, 311 robos de motocicleta, 249 robos a transeúnte, 212 robos de vehículo, además de 104 violaciones, 14 homicidios dolosos y dos feminicidios.
El contraste entre la explicación ofrecida por las autoridades municipales y los datos oficiales ha generado cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad implementada en la capital. Mientras el gobierno sostiene que el comportamiento de los indicadores responde a factores regionales y municipios colindantes, los registros estadísticos continúan ubicando a San Luis Potosí como el municipio con mayor incidencia en varios delitos de alto impacto dentro del estado.
Así, el debate deja de centrarse únicamente en la percepción ciudadana para trasladarse a la necesidad de explicar, con evidencia, si el incremento de los indicadores responde realmente a fenómenos externos o si refleja retos pendientes en las políticas públicas implementadas por la administración municipal.
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