Un Juez federal vinculó a proceso a dos Capitanes y dos Maestres de la Secretaría de Marina (Semar) que presuntamente desviaron más de 40 millones de pesos en contratos simulados de equipo e insumos médicos y medicamentos en el último año del sexenio pasado.
José Antonio Martínez Alvarado, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a los integrantes de la Armada de México por los delitos de: peculado, administración fraudulenta y cohecho.
Los procesados son los Capitanes Germán Díaz Olivier y Miguel Ramos de la Cruz; el Primer Maestre Retirado José Ricardo Hernández Moncada y el Tercer Maestre Carlos Norberto Tirado Jauri, quienes estuvieron adscritos a la Dirección Adjunta de Administración de la Marina.
Todos llevarán su proceso en libertad provisional, ya que el Juez les impuso la firma mensual en la Unidad de Medidas Cautelares, además del pago de una garantía de 50 mil pesos, la prohibición de salir del País y la entrega de pasaporte, así como no acercarse a testigos.
Al mismo tiempo, les fijaron un plazo de 4 meses de investigación complementaria.
De acuerdo con fuentes judiciales, durante una audiencia de casi 18 horas de duración, concluida el pasado miércoles a las 3:25 horas, el Juez rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de imponerles la prisión preventiva justificada.
Los fiscales federales señalaron que existía el riesgo de que los imputados se dieran a la fuga porque no tenían la certeza de sus domicilios.
Sin embargo, el juzgador consideró que la propia Fiscalía había llevado actos de investigación que corroboraban los domicilios, lo que hacía pensar en una falta de deber de lealtad, porque parecía que los fiscales ocultaban información con tal de obtener la prisión preventiva.
Los marinos fueron procesados por presuntamente desviar 40 millones 746 mil 71.76 pesos mediante el pago de 14 facturas por la compra de medicamentos, insumos médicos y servicios de mantenimiento a equipo hospitalario, del 26 de enero al 31 de mayo de 2024.
Tres de las facturas por un monto de 10 millones 584 mil 768 pesos se pagaron a Isaac Santillán Campis; seis por 17 millones 647 mil 578 pesos a PSG Productos y Servicios S.A. de C.V.; y cinco por 12 millones 513 mil 725.05 pesos a Operadora de Servicios Paseo 121 S.A. de C.V.
Ninguno de los bienes y servicios se entregaron a la Marina e incluso, Santillán Campis declaró que devolvió a los marinos 7 millones 960 mil pesos en efectivo y se quedó sólo con lo necesario para pagar los impuestos, la cancelación de servicios a terceros y su comisión.
Los supuestos contratos eran adjudicaciones directas para adquirir tóner de alta nitidez para impresora láser jet, cajas de papel bond ecológico, mantenimiento de equipo de servicios médicos y pruebas rápidas de VIH e inmunohematológicas.
También, de mantenimiento de equipo de Rayos X, unidades de anestesia y tomógrafo; agujas, antibacterianos, guantes de látex, jeringas de plástico, estomas desechables; cubrebocas Protect; mantenimiento de equipos de vida y de ventilación mecánica, material quirúrgico y medicamentos.
La FGR asegura que los imputados participaron en el desvío desde la captura de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLCs) correspondientes a cada factura, en las plataformas informáticas en las que se administran los presupuestos y contabilidad de la Marina.
En la audiencia inicial, los marinos trataron de desacreditar la investigación señalando que habían sido objeto de torturas e incluso de actos de corrupción en la indagatoria, por parte de la Marina y la FGR, con tal de incriminarlos.
El Juez, sin embargo, descartó que la supuesta tortura anulara la imputación porque la FGR no la sustenta en algún dato de prueba obtenido o derivado de los presuntos tratos vejatorios, además de que los imputados no emitieron ningún testimonio auto inculpatorio.
