Diputadas del PAN y de Movimiento Ciudadano exigieron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de Tamaulipas sean investigadas por una posible omisión en la supervisión de la academia militarizada Marina Doenitz, donde murió la adolescente Dafne Zapata Quintos durante un campamento de verano.
La panista Paulina Rubio y la emecista Irais Reyes coincidieron en que las autoridades educativas fallaron en la vigilancia de este tipo de instituciones, pese a que existían antecedentes de presuntos abusos.
Rubio consideró inaudito que la muerte de Dafne haya sido consecuencia de maltratos y las llamadas "novatadas" y subrayó que hoy se sabe que no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica denunciada por alumnos de distintas generaciones.
"Exigimos la actuación inmediata de la Fiscalía para que investigue y deslinde la responsabilidad de la autoría material, y no solamente de la institución privada como tal, sino la omisión de las autoridades gubernamentales, en cuanto a la vigilancia de la operación correcta de una academia y el seguimiento y respuesta de las eventuales denuncias que se hubieran dado respecto al funcionamiento de la escuela", demandó.
El caso se hizo público el 17 de julio, cuando se conoció la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, durante un curso de verano en la academia militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
La muerte de la menor destapó una serie de denuncias de ex alumnos que acusan presuntos abusos físicos, acoso, castigos extremos e incluso consumo de drogas dentro del plantel. Días después trascendió que Dafne fue sometida a "novatadas", es decir, abusos físicos y "pruebas" a las que estudiantes y personal de la institución sometían a los alumnos de nuevo ingreso.
Rubio afirmó que no basta con que la Presidenta Claudia Sheinbaum deslinde del caso a las autoridades militares, pues al impartir educación básica, este tipo de academias privadas debe estar bajo la supervisión de la SEP.
"Su Gobierno sí tendría responsabilidad en caso de omisiones que se hayan cometido y de que hubieran existido denuncias previas por malos tratos. Exigimos que la investigación no se limite a la autoridad de la institución, sino también a las autoridades de Gobierno responsables de vigilar el cumplimiento de las normas de operación de las escuelas", reiteró.
Por su parte, Reyes sostuvo que tanto las autoridades educativas estatales como las federales fallaron en este caso.
La legisladora señaló que, de acuerdo con testimonios de ex alumnos, existían antecedentes de años de novatadas y abusos sistemáticos que fueron ignorados, lo que evidencia la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y de medidas preventivas.
"Exigimos a la Fiscalía que haga las investigaciones correspondientes, que determine quiénes son los responsables, que haga un análisis exhaustivo, porque hay bastantes sospechas en este caso, considerando que a la madre de Dafne se le dio una versión por parte del personal de esa institución y, por otro lado, ha recibido información diferente derivada del acta de defunción.
"Debo decir que aquí la Secretaría de Educación estatal y la Secretaría de Educación (federal) fallaron en revisar esta escuela, si ya había antecedentes de las agresiones que ahí se daban", indicó.
La diputada advirtió que actualmente cualquier institución o empresa puede ofrecer campamentos de verano sin que exista una regulación específica, por lo que llamó a la SEP a establecer protocolos para atender casos de maltrato o agresiones y reforzar los mecanismos de supervisión, ya que no es la primera vez que ocurre una tragedia de este tipo.
Reyes agregó que tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen la obligación de atender el problema, al considerar que es similar al de los anexos para tratar adicciones, donde con frecuencia se confunde la disciplina con la violencia y también existe una regulación insuficiente.
"Tenemos que pensar seriamente en fortalecer una legislación al respecto, que el Congreso de la Unión tome este tema, que el Poder Ejecutivo lo haga, porque es la vida de las niñas, de los niños y de los adolescentes y su seguridad la que está en riesgo. Este caso debe abrirnos los ojos para entrarle desde lo legislativo, desde la vigilancia y desde la inspección que deben realizar las autoridades educativas", señaló.
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