Libertad de opinión
Ahora que, de manera oficial, el mandatario estatal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que serían derogados del Código Penal los artículos cuestionados de la llamada #LeySerrano, por atentar contra la libertad de expresión, se abrió un nuevo debate: la propuesta de crear un padrón estatal de medios de comunicación.
En mi opinión, esto del “padrón estatal” me huele más a un intento de control total del Estado sobre los medios de comunicación. Y me explico.
La Ley de Adquisiciones del Estado ya establece reglas claras para quienes desean convertirse en proveedores del Gobierno estatal, el Congreso, los ayuntamientos, el Poder Judicial y los organismos autónomos. También existen lineamientos para prestar servicios a los partidos políticos.
Es decir, los proveedores deben estar inscritos en un padrón oficial en el que proporcionan todos sus datos: representante legal, acta constitutiva, RFC, número telefónico, domicilio, redes sociales, correo electrónico y dirección del portal digital. Al firmar un contrato, se establecen compromisos para ambas partes y todos esos datos quedan asentados por escrito.
Por eso, resulta cuestionable llamar “medios de comunicación” a quienes únicamente se dedican a publicar boletines oficiales. Eso dista mucho de lo que debería ser un medio serio, profesional y confiable.
Tampoco se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que el Gobierno o algún comité diga o decida quién es periodista y quién no.
Pero ¿qué sucede con los medios que no fueron creados con fines de lucro, sino con una verdadera vocación informativa o periodística? Estos suelen ser mucho más incómodos para las autoridades, porque su supervivencia no depende del dinero público.
Lamentablemente, también existen medios que se disfrazan de “independientes”, aunque su verdadero objetivo sea otro, pues detrás de ellos se encuentran políticos que buscan obtener algún beneficio.
La semana pasada ya expuse, en este mismo espacio, cómo comenzó esta terrible descomposición. Políticos perversos, a lo largo y ancho del país, empezaron a crear sus propios medios de comunicación para obtener un mayor control informativo e, incluso, ganancias provenientes del dinero público.
El tema de fondo es serio y va mucho más allá de la creación de un padrón estatal. Existen muchas aristas que deben ser analizadas.
¿Se ha fijado en que existen perfiles en redes sociales que simulan ser medios de comunicación y presumen cantidades enormes de seguidores, aunque en realidad estos hayan sido inflados artificialmente? En la práctica, sus publicaciones no tienen un impacto verdadero, a menos que sean promocionadas mediante pagos o impulsadas por los llamados bots.
Por cierto, muchos de esos perfiles también son utilizados para realizar campañas de desprestigio y participar en guerras de lodo. ¿Quién registraría a estos supuestos medios en el mentado padrón?
Otro aspecto que debe analizarse es el de la transparencia. ¿Cómo se están realizando los contratos oficiales? ¿Bajo qué criterios o justificaciones se determina el monto que se entrega a un medio y a otro? ¿Cómo se mide su impacto y alcance real?
Insisto: el tema es amplio, polémico y complejo. Pero si de verdad se pretende entrar a fondo y con seriedad en la regulación de los medios de comunicación, el proceso debe realizarse con profesionalismo, transparencia y respeto a la libertad de expresión, no mediante simulaciones enfocadas únicamente en obtener el control.
