Una juez federal decidió llevar a puerta cerrada, sin presencia de público ni medios de comunicación, la audiencia en la que resolverá si Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, y otros siete imputados son vinculados a proceso por huachicol fiscal.
La juez de control de elección popular Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que esta diligencia -cuyo arranque se programó a las 17:00 horas de este martes- deberá llevarse a cabo a puerta cerrada.
Desde la semana pasada, el de Ruffo ha sido uno de los casos relevantes más restringidos para la prensa, desde que se implantó el sistema oral acusatorio, incluso más que los procesos penales y de extradición de los grandes capos de narcotráfico.
En principio, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no publicó en la agenda electrónica de su página de internet la fecha y hora en que se llevó a cabo la audiencia inicial de la causa penal 253/2026, iniciada contra el ex Gobernador.
Esa diligencia inició la noche del viernes y concluyó la mañana de domingo, sin que apareciera el registro en la citada agenda de audiencias de los centros de justicia. En la página web se registraron otras, excepto la de Ruffo.
La diligencia de este martes, en que la juez Ramírez de la Vega resolverá la situación jurídica de los imputados, fue registrada después de mediodía en la agenda electrónica de audiencias en los centros de justicia, unas pocas horas antes de su inicio.
Adicionalmente, la audiencia inicial del fin de semana, que se llevó a cabo por videoconferencia y tuvo una duración aproximada de 32 horas y media, también fue a puerta cerrada.
De acuerdo con informes judiciales, la juzgadora acordó hacerla privada por solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que alegó que este era un caso de seguridad nacional en el que además se iban a ventilar datos de imputados que debían permanecer bajo sigilo.
Con base en ese acuerdo dictado el viernes pasado por la juez, hoy continuará cerrada la diligencia, señalaron fuentes allegadas al caso.
A las 17:45 horas, la audiencia aún no iniciaba, debido a que todavía no estaban conectados por videoconferencia todos los abogados.
En la diligencia de este martes, la juez resolverá si vincula a proceso a los imputados por un delito en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando, los dos primeros con prisión preventiva de oficio.
Además del ex Gobernador de Baja California, la impartidora de justicia resolverá la situación jurídica de Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio y fundador.
También la de José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L de C.V. y Servicios Portuarios S.A. de C.V., empresas que son accionistas de Ingemar; así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.
Igualmente, determinará si vincula o no a proceso a Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa ubicadaen la capital de San Luis Potosí; y José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., de Saltillo, Coahuila.
Los cinco primeros, incluido Ruffo, están internados en el Penal del Altiplano, mientras que Bárcenas se encuentra en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur, en el Edomex, en tanto que los dos últimos son los únicos a quienes la juez concedió la prisión domiciliaria.
