Más de 2 mil máquinas tragamonedas, presuntamente utilizadas para financiar estructuras criminales y enganchar a menores de edad, fueron aseguradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en 56 municipios de la entidad.
El aseguramiento se dio como parte de la Operación "2 de Bastos", iniciada el pasado 13 de julio.
La FGJEM también encontró monedas dentro de las máquinas, las cuales resguardó en 2 mil 579 bolsas, cuyo peso conjunto alcanza las 5 toneladas 392 kilogramos.
Aunque el dinero todavía no ha sido contabilizado, la Fiscalía estima preliminarmente que supera los 5 millones de pesos.
Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas: tres por extorsión y dos por resistencia, aunque el número podría aumentar conforme avancen las investigaciones.
La FGJEM informó que las máquinas eran instaladas en tiendas, farmacias, barberías, locales comerciales y plazas, donde operaban como pequeños casinos disfrazados de juegos recreativos.
De acuerdo con las investigaciones, algunos de estos aparatos eran utilizados por grupos delictivos para obtener recursos, extorsionar a comerciantes y captar a niñas, niños, adolescentes y amas de casa.
El mecanismo consistía en enganchar a los usuarios, financiarles apuestas después de que perdían dinero y, posteriormente, obligarlos a participar en robos, venta de droga u otras actividades para pagar sus deudas.
En otros casos, los operadores imponían las máquinas a pequeños comerciantes y regresaban periódicamente para retirar las ganancias.
En Tultitlán fue localizada una fábrica en la que se ensamblaban máquinas tragamonedas con componentes electrónicos y piezas importadas de China.
La Fiscalía informó que dará vista a la Fiscalía General de la República, debido a que la operación de juegos de azar y apuestas es de competencia federal.
En el ámbito local, las investigaciones se desarrollan por posibles delitos de extorsión, encubrimiento por receptación, apología del delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las máquinas y el efectivo permanecerán bajo resguardo, y las personas que reclamen su propiedad deberán demostrar tanto la adquisición legal de los equipos como el origen lícito del dinero.
