En política pocas decisiones exigen más carácter para reconocer la necesidad de que el gobierno debe sumar a la sociedad civil para impulsar cambios de fondo, por ello la voluntad del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de la derogación de la llamada “Ley Serrano” representa un viraje que rompió con la lógica de la confrontación de opositores y creadores de contenido digital, que no periodistas, para abrir paso al diálogo y debate para una nueva legislación.
Lejos de prolongar una polémica que había colocado a San Luis Potosí en el centro del debate nacional sobre libertad de expresión e inteligencia artificial, el gobernador Gallardo optó por una salida política de mayor alcance: retirar la legislación cuestionada y convocar a la construcción de un nuevo marco jurídico con la participación de periodistas, académicos, especialistas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
El mensaje político resulta significativo, la decisión de volver al punto de partida modifica el escenario, la discusión deja de centrarse en defender o atacar una ley específica para enfocarse en algo más valioso: cómo regular el uso de la inteligencia artificial sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el acceso a la información.
Ese cambio de enfoque explica por qué diversos sectores sociales han recibido positivamente la convocatoria a un proceso abierto de deliberación en coordinación con el gobernador Gallardo, mientras algunos de los opositores y los creadores de contenido que pretenden hacerse pasar por “periodistas” se quedaron fuera de lugar, sin argumentos, aferrados a buscar el choque, el conflicto y guiados por la diatriba y el rencor, se quedaron sin interlocutores.
El reto es construir una legislación que responda a los riesgos reales que plantea la inteligencia artificial: la suplantación de identidad mediante imágenes o voces sintéticas, la manipulación digital, los llamados “deepfakes”, el fraude tecnológico y las campañas de desinformación; regular esos fenómenos exige conocimientos técnicos, criterios jurídicos sólidos y una amplia legitimidad social.
Ningún actor político, por sí solo, posee todas esas respuestas y mucho menos los “pseudo periodistas” que tienen otros propósitos que nada tienen que ver con las libertades y la ética periodística, la incorporación de universidades, colegios de profesionistas, medios de comunicación, expertos en tecnologías digitales y organizaciones ciudadanas fortalece la legitimidad del proceso promovido por el gobernador.
