Opinión
Hay derrotas que se anuncian con discursos triunfalistas.
La llamada Ley Serrano fue retirada. El gobierno habla de apertura, de diálogo y de una nueva etapa. Se presenta como quien corrige un error por convicción democrática.
Qué conveniente.
Porque la ley no cayó por un repentino descubrimiento de las virtudes de la libertad de expresión. Cayó porque el costo político empezó a ser mayor que el beneficio de sostenerla. Cayó por las críticas de periodistas, organizaciones civiles, especialistas y defensores de derechos humanos. Cayó porque una norma cuestionada por su posible impacto sobre derechos fundamentales dejó de ser defendible en la arena pública.
Y, sin embargo, el verdadero problema nunca fue una ley.
Fue la forma de entender el poder.
Porque apenas se anuncia su derogación aparece otra idea inquietante: elaborar un padrón para saber quién es periodista.
Es fascinante.
Cuando un gobierno empieza preguntándose quién merece llamarse periodista, inevitablemente termina preguntándose quién merece ser escuchado.
Y ahí es donde la libertad deja de ser un derecho para convertirse en una concesión.
No existe democracia donde el poder pretende repartir credenciales de legitimidad a quienes tienen la obligación de vigilarlo.
Los periodistas no reciben su investidura del gobierno. La reciben de su trabajo, de su credibilidad y, sobre todo, de su independencia. Si un reportero necesita el reconocimiento del poder para ejercer su profesión, entonces ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en una extensión de ese poder.
Tal vez por eso el debate nunca fue la inteligencia artificial.
Fue la inteligencia política.
Porque regular tecnologías es una obligación del Estado. Regular la crítica es una tentación del poder.
Y las tentaciones autoritarias casi nunca llegan vestidas de censura.
Llegan hablando de orden.
De responsabilidad.
De regulación.
De protección.
Son palabras amables.
Hasta que dejan de serlo.
La derogación de la Ley Serrano merece reconocerse. Rectificar también es una decisión política.
Pero una rectificación será completa cuando la nueva legislación nazca de un diálogo genuino, incorpore las observaciones de especialistas y fortalezca, sin ambigüedades, las libertades que la Constitución protege.
Si el objetivo es construir una ley que resista el escrutinio constitucional y social, la pluralidad no puede ser decorativa.
Porque las malas leyes se derogan.
Las malas ideas sobreviven si nadie las discute.
Y la libertad de expresión tiene una peculiaridad que incomoda a todos los gobiernos, sin importar su partido.
Nunca pide permiso.
