San Luis Potosí, SLP.- En medio de las diferencias políticas que han marcado la relación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital, existe un tema en el que Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos coinciden plenamente, la defensa del voto libre, secreto e individual. La propuesta de instaurar un “voto por familia”, impulsada por Javier Albarrán, un joven vinculado al PAN en Metepec, Estado de México, provocó un rechazo prácticamente unánime al ser considerada un retroceso para los derechos democráticos conquistados durante décadas.
El planteamiento consiste en que el jefe o la jefa del hogar emita un solo voto en representación de toda la familia, una idea que generó una ola de críticas por vulnerar el principio de que cada ciudadano decide de manera personal, libre y secreta el rumbo político del país. Además, especialistas y usuarios en redes sociales advirtieron que un modelo de este tipo invisibilizaría la voluntad de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores, sin dejar de lado que en México alrededor del 40 por ciento de los hogares no cuentan con una figura paterna, lo que vuelve aún más inviable la propuesta.
Desde San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona calificó el planteamiento como un atentado contra la democracia.
“Es una iniciativa muy tonta, muy retrógrada, muy fuera de lugar, atenta contra la democracia sin dudar y eso nunca se va llevar a cabo; es una ocurrencia de alguien que no tiene capacidad mental para poder describir lo que es una democracia”, afirmó el mandatario estatal.
Por su parte, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, también rechazó la iniciativa y apeló a la historia democrática de San Luis Potosí para defender el derecho al sufragio individual, particularmente el avance que representó el voto femenino.
“San Luis Potosí tiene una cultura de la democracia inigualable; ningún otro estado tiene lo que San Luis le ha aportado a la democracia y debemos defender nuestra calidad de democracia. San Luis Potosí fue la cuna de la promoción del voto a la mujer… y yo no creo en eso”, sostuvo el edil capitalino.
Más allá de los discursos políticos, la propuesta de Albarrán evidenció el riesgo de normalizar ideas que buscan concentrar la voluntad de varias personas en una sola. El derecho al voto no pertenece a una familia, a un matrimonio o a un jefe de hogar; pertenece a cada ciudadano. Reducir ese derecho a una sola voz significaría borrar décadas de lucha por la igualdad política y por el reconocimiento de mujeres y grupos históricamente excluidos.
La polémica terminó por demostrar que, aun entre adversarios políticos, existen principios que no deberían estar sujetos a negociación. La democracia mexicana se construyó para que cada persona tenga el mismo valor frente a las urnas, no para regresar a esquemas donde alguien decida por los demás. Propuestas como la del llamado “voto por familia” no representan una innovación, sino un retroceso que revive prácticas de control y subordinación incompatibles con un país que ha luchado por ampliar derechos y no por restringirlos. Quien plantea una idea de esta naturaleza no sólo desconoce la historia democrática de México, sino que minimiza el esfuerzo de generaciones que hicieron posible que hoy cada voto tenga el mismo peso y la misma libertad.
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