Justificados en "abaratar costos" para el estado y la posibilidad de tener una mejor organización, el Congreso de Sinaloa aprobó ayer el atrasar un año la elección judicial local prevista para 2027 a fin de integrar el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estatales.
Las modificaciones, aprobadas por la mayoría morenista, reforman el segundo artículo transitorio del Decreto 86, publicado el 18 de marzo de 2025, en el que se anunciaba que la elección de personas juzgadoras se llevaría a cabo a la par de la elección de 2027 en la que se renovará su Gubernatura, Alcaldías y Congreso local.
Con ello, también se ordenó un cambio al cuarto transitorio, que establece que tanto el TDJ como el OAJ estatales arrancarán funciones posterior a la elección. Será en esa fecha cuando ambos organismos reemplacen al Consejo de la Judicatura del Estado, que permanecerá activo hasta que los ganadores rindan protesta.
El mismo caso ocurre con las Magistradas y Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes extenderán sus funciones por un año más, hasta que se consume la votación.
Otro cambio que se establece es el período en el que durarán al frente los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial pues, por única ocasión, se reducirá un año su función. De este modo, se prevé elegir a una persona titular por dos años, otra por cinco y una más por ocho.
Para el caso de las y los juzgadores que decidan no postularse para el proceso judicial, se prevé hacerlas beneficiarias de un haber de retiro proporcional al tiempo que hayan ejercido profesionalmente en el Poder Judicial, siempre y cuando no tengan derecho al retiro voluntario.
Tras la aprobación, tocará al Congreso de Sinaloa realizar las modificaciones de leyes secundarias que sean necesarias para la realización de este ejercicio.
El proyecto, por el que votaron en contra el PRI, PAN y MC, se justifica en un "ahorro de recursos" que significaría al estado realizar un proceso separado de los comicios ordinarios, la posibilidad de mejorar la organización entre los entes judiciales, tanto locales como federales, y mejorar la preparación técnica del Instituto Electoral de Sinaloa.
El diputado local panista Jorge González Flores negó que esto necesariamente signifique una reserva para el estado, y advirtió un debilitamiento del sistema de justicia derivado de decisiones que, dijo, son improvisadas.
"Estamos en contra porque esta reforma representa un paso más en el proceso de debilitamiento deliberado de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: la independencia del Poder Judicial", reprochó desde tribuna.
Lejos de generar ahorros, esta reforma implica una mayor presión para las finanzas públicas del estado y evidencia nuevamente la falta de planeación con la que se impulsaron estos cambios".
