San Luis Potosí, SLP.- La discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en San Luis Potosí dio un giro que rebasa el ámbito local. En lugar de centrar el debate únicamente en la legislación estatal, el Gobierno del Estado planteó que las grandes plataformas digitales, como Meta, también deben asumir responsabilidad por la circulación de información falsa que afecta a ciudadanos, periodistas y comunicadores.
Durante el Primer Encuentro Estatal por los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que el desafío no consiste únicamente en regular el uso de la IA, sino en que las empresas propietarias de redes sociales participen en el combate a la desinformación y al uso indebido de estas tecnologías.
“No se trata de confundir una cosa con otra La regulación de la IA se utiliza en todo”, afirmó el mandatario, al señalar que esta tecnología ya forma parte de la vida cotidiana, desde la búsqueda de información hasta temas delicados como la salud, donde incluso puede influir en prácticas como la automedicación o en la difusión de contenidos con sesgos.
Gallardo explicó que la propuesta que impulsa San Luis Potosí busca aportar elementos para la discusión nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, al considerar que sus efectos alcanzan ámbitos tan diversos como la comunicación, la medicina e incluso la seguridad.
El mandatario insistió en que la propagación de noticias falsas trasciende las diferencias políticas y representa un problema social que debe atenderse de manera conjunta entre autoridades y empresas tecnológicas.
“Las noticias falsas no son un tema político, es regular algo que le afecta a las personas Ese tipo de cosas deben cuidarse en la IA y en las plataformas, uno de ustedes hablaba de tener esta ley presentada con Meta para que se tome en cuenta y sean regulables”, expresó.
Con ello, el Ejecutivo estatal lanzó un llamado para que compañías como Meta revisen el funcionamiento de sus algoritmos y mecanismos de moderación de contenido, con el objetivo de privilegiar la protección de los usuarios por encima de los intereses comerciales y reducir el impacto de la desinformación en las redes sociales.
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