San Luis Potosí, SLP.- La eliminación de la llamada Ley Serrano no debe entenderse como el final del debate sobre la inteligencia artificial, sino como el inicio de la construcción de un marco legal que proteja la libertad de expresión sin dejar de combatir la desinformación y los abusos tecnológicos. Ese fue uno de los principales planteamientos expuestos por la investigadora y experta en inteligencia artificial, Lizy Navarro Zamora, durante el Primer Encuentro Estatal por los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial.
La académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) consideró que la derogación de la reforma penal representa un avance para garantizar el ejercicio periodístico, aunque advirtió que ahora el reto será construir una legislación moderna, basada en derechos humanos y en estándares internacionales.
“La derogación es muy importante porque la libertad de expresión es un derecho que el Estado reconoce y que debe seguir fortaleciéndose. La sociedad democrática que hoy tenemos parte precisamente de esa libertad de expresión y, en el periodismo, es un derecho fundamental”, afirmó.
Navarro explicó que la regulación de la inteligencia artificial ya es una realidad en diversas regiones del mundo y sostuvo que San Luis Potosí tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional si apuesta por una legislación técnica y no punitiva.
Entre las propuestas planteadas destacó la creación de códigos de ética y autorregulación para los medios de comunicación, así como la obligación de transparentar cuándo un contenido fue elaborado total o parcialmente mediante inteligencia artificial.
“El periodismo ya utiliza inteligencia artificial prácticamente en todos sus espacios. Lo importante es que las audiencias sepan identificar cuándo un contenido fue elaborado con esta herramienta y que el propio medio lo declare con transparencia”, señaló.
La investigadora también abrió el debate sobre la necesidad de construir un Sistema Estatal de Periodistas, independiente de los gobiernos, que permita identificar a quienes realmente ejercen la profesión y, al mismo tiempo, ofrecerles respaldo institucional sin condicionar su trabajo editorial.
“Podría ser una iniciativa donde nos identifiquemos como periodistas en un órgano autónomo e independiente. Eso permitiría generar confianza, pero también brindar apoyos en temas de seguridad, salud y condiciones laborales, sin que lo que uno publique o critique esté condicionado a ese respaldo”, explicó.
A su juicio, dicho mecanismo también ayudaría a distinguir a los medios periodísticos de aquellas páginas o sitios digitales que aparecen únicamente para difundir desinformación o contenido sin responsabilidad editorial, aunque aclaró que no se trata de limitar el ejercicio periodístico, sino de fortalecer a quienes cumplen con la función social de informar.
Otro de los ejes que consideró indispensables para una futura legislación es impulsar el desarrollo de inteligencia artificial mexicana y la creación de bases de datos nacionales que reduzcan la dependencia de plataformas extranjeras y disminuyan los riesgos de desinformación.
Sin embargo, para Navarro la herramienta más efectiva no será una ley, sino la educación digital de la población.
“La alfabetización digital y la alfabetización en inteligencia artificial son urgentes. Necesitamos que cualquier ciudadano, desde un niño hasta un adulto mayor, pueda identificar cuándo una imagen, un video o una publicación es falsa. Esa es la mejor defensa frente a la desinformación”, sostuvo.
Finalmente, recordó que, aún con la derogación de la Ley Serrano, ya existen normas vigentes para sancionar conductas como la difusión de datos personales, la violencia digital, la suplantación de identidad o el uso indebido de imágenes mediante inteligencia artificial, por lo que llamó a construir una nueva legislación que privilegie la protección de derechos, la transparencia y el fortalecimiento del periodismo, antes que la criminalización de la libertad de expresión.
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