Elegir una universidad representa una de las decisiones más importantes para cualquier estudiante. Sin embargo, cada ciclo escolar resurgen casos de jóvenes que descubren, cuando intentan titularse o tramitar su cédula profesional, que la institución donde estudiaron carecía del respaldo oficial necesario para validar sus estudios.
Un problema sin cifra oficial, pero con casos visibles
En San Luis Potosí no existe una cifra oficial sobre cuántas personas han sido afectadas por este tipo de instituciones. No obstante, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) mantiene inspecciones permanentes a escuelas particulares para detectar irregularidades y proteger a los estudiantes. Incluso, en casos recientes ha colocado sellos de advertencia en planteles sin autorización y ha dado seguimiento a universidades sancionadas por ofrecer programas sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Algunos casos documentados
La falta de control se ha hecho evidente en los últimos años. Tras la manifestación de alumnos de una universidad privada en junio de 2024, la SEGE informó que había detectado cinco planteles particulares que ofertaban carreras sin RVOE, particularmente en el área de Medicina, los cuales recibieron sanciones administrativas, destacando los casos de la Universidad Abierta y la Universidad Potosina.
El caso más grave es el de la Universidad Potosina, campus Carranza. Después de cinco años operando con normalidad pese a ofertar carreras sin reconocimiento, la SEGE colocó sellos de advertencia con la leyenda "Advertencia, plantel sin RVOE". La institución ofrecía sin autorización las licenciaturas en Medicina General, Gastronomía, Estomatología y Psicología. Solo en la carrera de Medicina, 120 jóvenes fueron víctimas de fraude académico y quedaron sin la posibilidad de continuar sus estudios con reconocimiento oficial de los semestres cursados.
Otro antecedente afectó a cerca de 200 alumnos originarios del Estado de México que cursaron el Doctorado en Educación en la Universidad Abierta de San Luis Potosí y se quedaron sin título profesional porque la autoridad educativa canceló el RVOE a la institución potosina.
El documento que puede hacer la diferencia
El principal requisito que debe revisar cualquier aspirante es que la carrera cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Este reconocimiento no se entrega a toda la universidad, sino a cada programa académico de manera individual. Como lo aclara la Secretaría de Educación Pública (SEP,) el RVOE se otorga a un plan y programas de estudios en lo particular, por lo tanto, es posible que una institución privada cuente con RVOE para determinados planes y no cuente con él para otros. Es decir, una institución puede tener algunas licenciaturas con validez oficial y otras no, por lo que verificar únicamente el nombre de la universidad no es suficiente.
Las señales de alerta
Antes de realizar cualquier pago, especialistas en educación recomiendan poner atención a varios aspectos. Es fundamental que la institución proporcione el número de RVOE de la carrera, con fecha de expedición y autoridad que lo otorgó, pues de no hacerlo se presume que los estudios carecen de validez oficial. Se debe desconfiar si la escuela evita responder preguntas sobre la validez de sus programas, si su publicidad oculta información sobre el reconocimiento oficial o si ofrece colegiaturas muy bajas y promesas de obtener un título en tiempos inusualmente cortos. La ley es clara en que los particulares que imparten estudios sin RVOE tienen la obligación de mencionar en toda su publicidad su calidad de no incorporados para evitar engaños.
¿Cómo verificar una universidad?
La SEP pone a disposición del público el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, SIRVOES, donde cualquier persona puede consultar si una licenciatura, maestría o doctorado cuenta con autorización vigente. Esta plataforma incluye los RVOE que otorgan tanto la autoridad educativa federal como las de los estados. También es posible revisar el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que permite confirmar si una institución está autorizada para emitir certificados electrónicos oficiales. Dedicar unos minutos a esta verificación es la única forma de tener certeza legal.
¿Qué pasa si una escuela engaña a los estudiantes?
La Ley General de Educación establece que las autoridades educativas deben inspeccionar de manera periódica a las instituciones particulares y, cuando detectan irregularidades, pueden iniciar procedimientos administrativos. Las sanciones pueden incluir apercibimientos, multas e incluso el retiro del RVOE cuando exista incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fue otorgado. Además, si una institución ofrece estudios sin RVOE y hace creer al público que sí cuenta con él, puede ser sancionada por incumplir la obligación de informar claramente que sus programas carecen de reconocimiento oficial.
Lo que le ocurre al egresado sin validez oficial
La consecuencia principal para los alumnos es que los estudios que cursaron carecen de validez oficial y, por lo tanto, carecen de la posibilidad de obtener un título y cédula profesional. Esto es más grave en profesiones que requieren forzosamente cédula para su ejercicio, tales como Derecho, Contaduría, Medicina, Enfermería e Ingenierías. Aunado a ello, los estudiantes carecen de la posibilidad de obtener una equivalencia de estudios que les permita continuar en otra institución. En otras palabras, no se podrá expedir ningún documento oficial como certificados, títulos o cédulas y no podrán seguir cursando estudios en otra institución.
Uno de los puntos más dolorosos es que los RVOE no son retroactivos. Si un alumno empieza una carrera que no los tiene, no le harán válido el tiempo ya cursado, pues el RVOE empieza a correr una vez que es otorgado. Por eso, en el caso de los 120 jóvenes de la Universidad Potosina, el entonces secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, lamentó que no cuenten con respaldo oficial que valide su formación, obligándolos a reiniciar desde el primer semestre en otras instituciones. Para mitigar el impacto, el gobierno estatal ha tenido que gestionar acuerdos con universidades de Durango, Querétaro y Nuevo León.
En un contexto donde cada año cientos de jóvenes buscan un espacio para continuar sus estudios, especialistas coinciden en que dedicar unos minutos a verificar la información oficial puede evitar la pérdida de tiempo, dinero y la frustración de descubrir, al final de la carrera, que el título obtenido no tiene reconocimiento legal.
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