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Falta de jueces satura cárceles; proponen brazaletes electrónicos para delitos no graves

Marco Gama urge revisar casos con más de dos años en prisión preventiva para desfogar penales del estado

San Luis Potosí, SLP.- Los penales de San Luis Potosí operan por encima de su capacidad y están llenos de personas que llevan años detenidas sin contar con una sentencia, situación que el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, calificó como una condena anticipada producto del rezago judicial que prevalece en la entidad.
 
“En nuestro estado, en San Luis Potosí, las cárceles están llenas de personas sin sentencia. El rezago judicial que existe convierte la prisión preventiva en una condena anticipada. Hay gente que lleva años encerrada sin saber si es culpable o inocente”, declaró el también integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
 
Gama Basarte señaló que esta realidad local se replica a nivel nacional, donde el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad no cuentan con sentencia. Como ejemplo de la sobrepoblación en el estado, mencionó el penal de La Pila, que opera claramente por encima de su capacidad instalada.
 
Apuntó que un proceso penal puede tardar entre tres, cuatro y hasta seis años, lo que representa años de vida perdidos para quienes permanecen en prisión preventiva. Consideró que con ello se violan derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio en un plazo razonable. “La Constitución dice que la justicia debe ser pronta, y cinco años por lo menos que están tardando, pues no es pronto”, afirmó.
 
El diputado sostuvo que el hacinamiento genera condiciones que calificó como inhumanas, al provocar falta de agua, deficiencias en la atención médica y ausencia de espacios dignos para dormir. Ante este panorama, propuso no quedarse solo en la queja y planteó como medida urgente la revisión de todos los casos con más de dos años en prisión preventiva para que sean resueltos en un periodo de seis meses, al considerar que es un plazo razonable y práctico.
 
Finalmente, pidió considerar ampliar el uso de medidas alternativas a la prisión, como el uso de brazaletes electrónicos o la firma periódica para delitos no graves, figura que ya está contemplada en la ley; además enfatizó la necesidad de incrementar el número de jueces en San Luis Potosí, al señalar que actualmente no se dan abasto para desahogar la carga de trabajo.
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