San Luis Potosí, SLP.- Las licitaciones de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúan enfrentando obstáculos, pero no por razones políticas, sino por no cumplir con los requisitos que establece la legislación estatal. Así lo sostuvo el contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, quien aseguró que la validación de proyectos depende exclusivamente del cumplimiento de la norma.
El funcionario informó que, hasta el momento, la Contraloría General del Estado ha autorizado 19 proyectos de obra del gobierno capitalino; sin embargo, existen otros 16 expedientes que permanecen sin validación debido a que la administración municipal no ha solventado las observaciones técnicas y administrativas requeridas para continuar con los procesos de licitación.
“No hay ningún detalle, no hay ningún problema que exista; las validaciones que se emiten por parte de la Contraloría General del Estado tienen que estar apegadas a las leyes que están emitidas por el estado de San Luis Potosí y, en esta sintonía, si cumples los requisitos se valida por parte de la Contraloría para las bases de una licitación”, afirmó Aguiñaga Muñiz.
El contralor dejó claro que estos expedientes no están cancelados y pueden avanzar una vez que el Ayuntamiento atienda las observaciones legales.
“Es muy importante que cumplan los requisitos que marca la ley para que se pueda validar de manera aprobatoria esta parte”, puntualizó.
En el caso del polémico paso a desnivel de El Saucito, Aguiñaga explicó que la situación es distinta, ya que además del proceso administrativo existe un litigio en curso derivado de una demanda promovida por una ciudadana, quien obtuvo una suspensión provisional otorgada por un juzgado federal.
“Nos hicieron llegar por parte de una ciudadana que un juzgado de distrito le emitió una suspensión provisional para que no se pudiera desarrollar una obra en específico de las que están en proceso”, señaló.
El funcionario enfatizó que la actuación de la Contraloría y las resoluciones del Poder Judicial son procedimientos completamente independientes, por lo que una eventual validación administrativa no elimina ni modifica la suspensión dictada por un juez.
“La Contraloría actúa conforme a la ley y este proceso es independiente; una cuestión es la validación que emite la Contraloría y la otra cuestión lo que es del juicio por la suspensión que emitió el juzgado”, sostuvo.
Las declaraciones del contralor se producen después de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmara que el retraso en las licitaciones obedecía a motivos políticos. No obstante, la postura de la Contraloría estatal apunta a que el único criterio para validar las obras es el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, por lo que, mientras éstos no sean solventados, los proyectos seguirán sin recibir la autorización correspondiente.
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