Opinión
Parece que nos hemos acostumbrado a vivir en el conflicto. Da la impresión de que, ante cualquier problema cotidiano —una separación familiar, una disputa por una pensión alimenticia, un desacuerdo con un vecino o el incumplimiento de un contrato—, la respuesta inmediata es la misma: "Nos vemos en el juzgado".
Quienes han recorrido ese camino saben que un juicio suele convertirse en un proceso largo, costoso y emocionalmente desgastante. No es una responsabilidad exclusiva de jueces o magistrados; simplemente nuestro sistema de justicia enfrenta una carga que rebasa su capacidad.
Las cifras del INEGI lo reflejan con claridad. Cada año ingresan más de 2.2 millones de asuntos a los poderes judiciales estatales y cerca del 70 por ciento corresponde a materias civil y familiar. Es decir, siete de cada diez expedientes que saturan los tribunales surgen de conflictos que afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Las consecuencias son evidentes: expedientes que se acumulan, audiencias que se posponen durante meses y familias que destinan recursos que muchas veces no tienen para sostener litigios que pueden prolongarse por años. Además, el juicio tradicional suele partir de una lógica de confrontación, donde una parte gana y la otra pierde, dejando con frecuencia relaciones personales irremediablemente fracturadas.
Estoy convencido de que existe una mejor manera de resolver muchos de estos conflictos. Por ello presenté una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el propósito de establecer como requisito previo una etapa de mediación o conciliación antes de iniciar un juicio.
No se trata de una idea improvisada. Este modelo ya funciona con éxito en diversos países y es congruente con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, recientemente aprobada. La intención es privilegiar el diálogo antes que el litigio, ofreciendo a las personas la posibilidad de construir acuerdos con el acompañamiento de un mediador imparcial.
En una mediación nadie impone una solución. Son las propias partes quienes, mediante el diálogo, encuentran un acuerdo que responda a sus intereses y necesidades. Cuando esto sucede, el resultado suele ser más duradero que una sentencia dictada por un juez.
Tampoco buscamos generar nuevos obstáculos burocráticos. La propuesta establece un plazo máximo de 45 días naturales para desarrollar este procedimiento y prevé sanciones para quien, sin causa justificada, incumpla con su obligación de asistir a la audiencia. El objetivo es que la mediación sea un mecanismo serio, ágil y eficaz.
Si logramos que una parte importante de los conflictos civiles y familiares encuentre solución mediante el diálogo, podríamos reducir entre 500 mil y 800 mil juicios civiles cada año. Eso significaría menos gastos y menos desgaste emocional para las familias, además de permitir que los tribunales concentren sus esfuerzos en los asuntos que realmente requieren la intervención de un juez.
Desde luego, existen casos en los que la mediación no puede ni debe aplicarse. La iniciativa excluye aquellos asuntos donde existan riesgos para los derechos humanos, violencia familiar, presuntos delitos o situaciones de urgencia. En estos casos, la protección de las víctimas debe prevalecer por encima de cualquier otro interés.
También hemos considerado la realidad de las entidades federativas. Por ello, el proyecto contempla un periodo de hasta dos años para que los poderes judiciales locales fortalezcan gradualmente sus Centros Públicos de Mecanismos Alternativos y cuenten con la infraestructura necesaria para implementar esta reforma.
Estoy convencido de que impulsar la mediación obligatoria significa apostar por una cultura de paz y de acuerdos. La justicia del siglo XXI no debe medirse únicamente por el número de sentencias que emiten los tribunales, sino por su capacidad para resolver conflictos de manera oportuna, cercana y duradera.
Es momento de construir un sistema que privilegie el entendimiento antes que la confrontación; un sistema donde la ley no solo sirva para resolver pleitos, sino también para prevenirlos. Porque una justicia más humana también es una justicia más eficiente.
Mi agradecimiento al Lic. José Mario de la Garza por su contribución para la generación de esta iniciativa.
