La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la discusión y votación de un proyecto que avala todas las restricciones que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador impuso a los casinos en 2023, incluida la prohibición de instalar máquinas tragamonedas en nuevos establecimientos.
El amparo en revisión 257/2025, de la empresa IGT-Mexicana de Juegos, estaba listado en el número 11, con proyecto del Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pero al inicio de la sesión se anunció que se le dejaba en lista.
La empresa se inconformó contra diversas medidas del decreto de López Obrador que reformó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, especialmente la prohibición de máquinas tragamonedas, la exigencia de obtener un nuevo permiso para cambiar la ubicación, la eliminación de la figura de operadores que permitía a los permisionarios asociarse o contratar a sociedades mercantiles, la prohibición de juegos de azar como cartas, dados, ruletas y dispositivos similares y la eliminación de la posibilidad de prórroga de los permisos.
"El Decreto reclamado viola seguridad jurídica, porque sin la debida fundamentación y motivación se impone una variación en los términos y condiciones y generalidades de las autorizaciones otorgadas a la quejosa, provocando que el régimen bajo el cual determinó su plan de negocios como permisionaria ya no sea aplicable", expuso la empresa.
Varios tribunales colegiados ya han declarado inconstitucionales estas reformas, pero el proyecto de Aguilar Ortiz plantea validarlas al considerar que el ex Presidente no excedió sus facultades y que la reforma busca garantizar el derecho a la salud al prevenir la ludopatía, en particular en niños, adolescentes y adultos mayores.
En el proyecto incluso se asegura que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las máquinas tragamonedas están asociadas a un mayor riesgo de daños a la salud mental y pueden engañar a los usuarios mediante diseños que fomentan la adicción.
Aguilar también desestima los argumentos de irretroactividad de la ley bajo las siguientes premisas y asegura que la empresa quejosa no puede alegar la violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues éste solo es aplicable a personas físicas.
IGT-Mexicana de Juegos obtuvo originalmente en 2014 el permiso para instalar y operar un centro de apuestas remotas y una sala de sorteo de números con una vigencia de 10 años y en 2023 consiguió una prórroga por 15 años adicionales.
