La percepción de una menor independencia judicial y fiabilidad de las resoluciones judiciales puede modificar la forma en que las partes interesadas buscan resolver disputas
La firma global FTI Consulting alertó que la reforma judicial en México modificó explícitamente la lógica del funcionamiento de los tribunales, con jueces emanados por el voto popular y altas probabilidades de que prioricen sobre la imparcialidad, las opiniones de sus electores, incluidos los políticos.
Ante el nuevo entorno, la consultora con sede en Washington, especializada en asesorar a organizaciones en situaciones de crisis y resolución de disputas legales o regulatorias, señaló que la reforma judicial mexicana brinda menor certeza para las empresas.
En su documento "Conozca sus riesgos: Implicaciones empresariales de la reforma judicial en México", FTI Consulting aseveró que esa reforma, del 2024, no tiene precedentes a nivel mundial.
"La mayoría de los sistemas democráticos se basan en mecanismos de nombramiento como garantía de la independencia judicial. Si bien algunas jurisdicciones utilizan elecciones judiciales limitadas, la reforma mexicana extiende este modelo a todo el Poder Judicial, incluyendo todas las instancias de apelación.
"Ante la falta de precedentes en las elecciones judiciales, la ausencia de una tradición de competencia electoral para los cargos judiciales, el papel que desempeñan el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la selección de las listas de candidatos y los perfiles menos experimentados técnicamente de los jueces entrantes, las consideraciones sobre el Estado de Derecho se han vuelto menos predecibles", sostuvo.
"Para el entorno empresarial, esto significa menos certeza", afirmó FTI Consulting.
En lugar de abordar directamente las deficiencias del antiguo sistema judicial, añadió, la reforma creó incentivos políticos que generan preocupaciones adicionales, que incluyen el fin de una trayectoria profesional que culmine en un cargo judicial y la posibilidad de que personas sin experiencia, calificación o abiertamente políticas resulten elegidas.
La percepción de una menor independencia judicial y fiabilidad de las resoluciones judiciales puede modificar la forma en que las partes interesadas buscan resolver disputas, alertó la consultora.
Por ejemplo, refirió, las empresas y otros actores podrían recurrir cada vez más a canales políticos para influir en los procedimientos judiciales o eludirlos y, al mismo tiempo, el arbitraje podría convertirse en una alternativa más atractiva y práctica.
Por ello, consideró, ante esta nueva normalidad ya no basta que las empresas se centren en el análisis de riesgos a nivel macro, sino también deben hacerlo a nivel micro.
