Ciudad Fernández , SLP.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un despliegue operativo de inspección y verificación en las regiones Media y Huasteca con el firme objetivo de cancelar y clausurar los aprovechamientos y extracciones ilegales de agua, confirmó el director local de la dependencia en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
El funcionario federal reconoció que, gracias a que los dos últimos años fiscales han registrado lluvias positivas y por encima de la media histórica, actualmente se cuenta con "acuíferos saturados" en gran parte de la entidad. Sin embargo, advirtió de manera tajante que esto no es motivo para "echar las campanas al vuelo" ni para sobreexplotar de forma desmedida el recurso hídrico, razón por la cual la vigilancia se ha intensificado.
González Castillo señaló que es urgente concientizar a la población y al sector agrícola, ya que la infraestructura actual del estado aún carece de los cuerpos captadores superficiales suficientes para garantizar el abastecimiento total. Debido a esto, la seguridad hídrica de la población potosina depende casi en su totalidad de la correcta y sustentable administración de las aguas subterráneas.
Como resultado directo de estas auditorías de campo, la Conagua ha procedido a la clausura formal de seis pozos profundos ubicados en los municipios de Ciudad Fernández y Cárdenas.
Las causales de sanción técnica e institucional detectadas en estos puntos fueron por extracción clandestina por carecer por completo de un título de concesión y a la operación de pozos con concesiones vencidas o sin los refrendos de ley vigentes.
"Estamos bien en cuanto a niveles, pero tenemos que generar las acciones operativas necesarias para garantizar el suministro de agua a largo plazo para municipios clave como Rioverde, Cárdenas y Ciudad Fernández. No se trata de quitarle el agua a las personas de manera arbitraria, sino de regular el recurso para no secar ni afectar otras áreas habitacionales o ecológicas", puntualizó el titular de Conagua.
El marco sancionador para quienes incurran en la perforación ilegal de pozos o el desvío de cauces federales se ha endurecido drásticamente. De acuerdo con el tabulador vigente de la Conagua, las consecuencias económicas y legales contemplan una multa mínima que oscila en los 346 mil pesos y una multa máxima que puede alcanzar hasta los 9 millones de pesos, dependiendo del volumen de agua extraída ilegalmente y el daño al acuífero.
Derivado de las recientes reformas aplicadas a la legislación federal en materia de aguas, el "huachicoleo" o robo de agua ya no se limita a una sanción administrativa, sino que el expediente puede ser turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para fincar responsabilidades penales que ameritan cárcel.
.gif)
