La muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo migratorio en Houston indigna y duele pero también obliga a alzar la voz de México para condenar que la muerte de connacionales bajo custodia o durante acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se vuelva parte del paisaje migratorio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta que 17 personas mexicanas han perdido la vida en situaciones relacionadas con acciones o bajo custodia de ICE. De ellas, 14 fallecieron en centros de detención y 3 durante operativos. Son vidas mexicanas, son familias que esperan respuestas, son casos que exigen verdad, justicia y consecuencias.
Durante meses, México ha recurrido a notas diplomáticas, asistencia consular y llamados ante instancias internacionales. Todas ellas acciones necesarias, sin embargo, los hechos demuestran que no han sido suficientes para detener nuevas muertes. Cuando la preocupación diplomática no produce resultados, el Estado mexicano tiene la obligación de elevar el nivel de respuesta.
Por eso respaldo que el Gobierno de México haya decidido acudir a la vía jurídica en Estados Unidos. Presentar denuncias penales ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia es una exigencia legítima de legalidad que no tiene nada que ver con provocación. Si el propio sistema estadounidense reconoce controles judiciales, investigaciones independientes y rendición de cuentas, entonces esos mecanismos deben servir para revisar la actuación de sus autoridades migratorias.
Todo Estado tiene derecho a definir su política migratoria, proteger sus fronteras y aplicar la ley, solo que ningún Estado tiene derecho a convertir a las personas migrantes en enemigas, ni a tratar su vida como un daño colateral de una política de endurecimiento migratorio. La seguridad no puede construirse sobre la suspensión de derechos.
La relación entre México y Estados Unidos es demasiado importante para permitir que estos casos queden sin respuesta. Cooperamos en comercio, seguridad, migración, empleo, frontera y cadenas productivas y precisamente por eso, la relación bilateral debe sostenerse en el respeto mutuo, y el respeto empieza por reconocer que la vida de una persona mexicana vale tanto como cualquier otra.
La defensa de nuestras y nuestros connacionales tiene que traducirse en expedientes sólidos, acompañamiento jurídico a las familias, preservación de pruebas, peritajes independientes y seguimiento consular permanente. Si hubo uso indebido de la fuerza, negligencia médica, condiciones indignas de detención u omisiones institucionales, debe investigarse y sancionarse.
Ser migrante no cancela derechos y cuando una vida mexicana se pierde bajo custodia o durante un operativo migratorio, el deber del Estado mexicano no es solo lamentarlo, es acompañar, investigar, litigar y exigir que ni el olvido ni la impunidad sean la última palabra, porque incluso así se defiende la soberanía.
