Un reclutamiento basado en principios éticos y apegado a estándares internacionales es una pieza clave para garantizar el respeto de los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, y es además una buena inversión para las empresas que utilizan su mano de obra, señala Verónica Rodríguez, integrante del equipo de la Fundación Avina.
La organización es la principal impulsora del proyecto Periplo, que se propone contribuir al desarrollo de un sistema de migración laboral más equitativo en las cadenas de suministro de la industria agrícola en el corredor Guatemala-México-Estados Unidos.
"La migración laboral agrícola se dirige mayormente a Estados Unidos, a través de las visas H2A, pero también tenemos la migración laboral interna de estados del sur a estados del norte de México", señala Rodríguez en entrevista.
El flujo a través de las visas H2A, apunta, involucra a unas 300 mil personas al año.
Y muchas de esas personas, advierte, ven vulnerados sus derechos desde el mismo proceso de reclutamiento.
Por lo general, señala, solo se pone atención a lo que sucede en los campos agrícolas y no a las comunidades de origen, donde inicia el proceso.
"Cuando un alto ejecutivo va a una entrevista de trabajo a otro país la empresa suele pagarle el boleto de avión, los alimentos, hace la entrevista y quede o no quede no se le carga ese costo al trabajador. Son normas que se entienden de manera muy clara cuando se habla de otros rangos sociales", apunta.
"En cambio, cuando estamos hablando de migrantes agrícolas se incurre en prácticas que vulneran sus derechos, desde cobrarles de manera ilegal para poder tener acceso a un trabajo hasta pedirles que se trasladen por su propia cuenta".
Si desde comunidad de origen se aplican modelos de reclutamiento ético y contratación equitativa responsable, remarca, es posible prevenir toda una cadena de vulneración, que implican desde cobro indebido de cuotas hasta trabajo infantil o forzoso, pasando por accidentes en el traslado.
Tanto la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ambas agencias de la ONU, destaca, impulsan principios de contratación equitativa.
Y aplicarlos, sostiene, es una decisión rentable para las empresas que contratan jornaleros.
"Cuando el sector privado cumple toda esta normativa no quiebra, al revés, se fortalece, puede ampliar sus ventas al tener más credibilidad, al tener una trazabilidad y mostrar que el producto no solo es de calidad sino que no ha implicado ningún tipo de vulneración de los derechos de los trabajadores", anota.
En tanto, indica, es responsabilidad de los gobiernos fortalecer las vías de migración laboral regular, supervisadas, facilitar mecanismos de denuncia y asegurar que las personas trabajadoras reciban información clara antes de emigrar.
"Creemos que México puede contar con un sistema de migración laboral ético y justo si el Estado interviene en esta supervisión y las empresas asumen procesos de reclutamiento ético", señala.
"En espacios como el T-MEC o en acuerdos bilaterales entre los países tendría que estarse poniendo el foco que los derechos, que no se pierden por cruzar una frontera para ejercer el derecho al trabajo".
Y los consumidores, considera, tienen también un papel que jugar.
"A los consumidores nos debe preocupar no solo la calidad del producto sino también que los derechos de las personas que contribuyeron a que ese producto llegue a la mesa estén protegidos", enfatiza.
