El 30 de junio de 2026, Pemex envió al ayuntamiento de San Antonio un oficio relacionado con el uso de material explosivo, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El documento se difundió públicamente y diversos medios lo vincularon con un presunto inicio de fracking en la Huasteca potosina. La interpretación generó manifestaciones ciudadanas en varios municipios de la región.
Colectivos de Ciudad Valles denunciaron que Pemex había distribuido documentos similares en otros ayuntamientos para solicitar consentimiento sobre uso de explosivos y posibles perforaciones. Ante la difusión del oficio, comunidades de San Antonio y Tancanhuitz realizaron asambleas para prohibir cualquier actividad extractiva en su territorio.
Ante esto, Pemex emitió una Tarjeta Informativa para aclarar el trámite. En el documento, negó que se realicen trabajos de exploración y explotación de yacimientos no convencionales en ningún municipio de San Luis Potosí. Pemex precisó que el fracking no emplea materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas.
Aclaró que el oficio enviado a San Antonio forma parte de un procedimiento administrativo para conservar la vigencia de un permiso federal. Ese permiso tiene como objeto mantener la autorización para el uso de explosivos en campos ya registrados ante las autoridades y para eventuales estudios de adquisición sísmica.
Activistas en contra de esta práctica
Rogel del Rosal Valladares, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, denunció que Pemex mantiene planes de fracking para el periodo 2025-2035 sin haber realizado consulta indígena. Aseguró que el impacto alcanzaría a 28 municipios de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. Del Rosal explicó que el problema no es solo la extracción, sino la contaminación del aire con metano y otras sustancias que emergen durante el proceso.
Desde Huehuetlán, Gerarda Reyes Pérez señaló que su municipio enfrenta alta marginación y depende de pozos para el consumo humano, al no contar con sistema de agua potable. Afirmó que permitir el fracking significaría destruir “aguas, clima, flora y fauna” de la región.
La activista tének Ruth Huasteca calificó al fracking como una práctica “destructiva” y convocó a las comunidades de Aquismón, Ciudad Valles y Xilitla a no permitir el ingreso de lo que llamó “invasores”. En general, los colectivos de la Huasteca exigen que se respete el Convenio 169 de la OIT y su derecho a la consulta libre, previa e informada antes de cualquier proyecto extractivo.
¿Qué dice el Congreso del Estado?
La diputada Nancy Jeanine García Martínez, de Morena y presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, declaró que sería “incongruente” decir que ahora está a favor del fracking, después de haber trabajado con activistas en la protección del medio ambiente y del agua en la Huasteca Potosina.
Señaló que pugnará para que esta técnica no se desarrolle en zonas indígenas o en lugares donde pueda provocar un impacto ambiental y de salud importante. Aseguró que luchará para que, en caso de autorizarse, no se lleve a cabo en San Luis Potosí por el impacto negativo que tendría. García Martínez presentó además un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados federal a dictaminar favorable la iniciativa publicada el 19 de noviembre de 2025, que busca adicionar al Artículo 27 constitucional la prohibición del fracking.
Por su parte el diputado Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado firme a prohibir el fracking en México e impulsar acciones legislativas concretas que protejan el medio ambiente y los recursos naturales. Advirtió que en San Luis Potosí el riesgo es real y vigente, porque la región Huasteca forma parte de la cuenca Tampico-Misantla, considerada para la exploración de yacimientos no convencionales; sostuvo que ya no son suficientes los discursos y que se requiere voluntad política traducida en acciones.
La diputada Brisseire Sánchez López impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía Federal a que se tomen medidas para evitar la práctica del fracking en el territorio de San Luis Potosí. En su exposición de motivos advierte que esta actividad trae grandes problemas ambientales, sociales y negativos para la salud pública, por lo que de aplicarse en la Huasteca, la situación sería crítica porque 70% de sus habitantes es población indígena a la que se debe respetar y consultar.
Gobierno respalda a municipios en rechazo al fracking
El Gobierno del Estado respalda la postura de los municipios de la Huasteca potosina que han rechazado cualquier autorización para actividades de exploración petrolera que impliquen el uso de explosivos o posibles prácticas de fracturación hidráulica, así lo informó, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien señaló que la administración estatal mantiene comunicación con los ayuntamientos de la región y coincide con la decisión adoptada por los cabildos de Tamuín, Tanlajás, Matlapa y Tampamolón Corona, los cuales han manifestado formalmente su oposición a este tipo de proyectos.
Conagua no dará permisos
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, en voz de su titular Darío Fernando González Castillo, aseguró que no se otorgarán permisos para fractura hidráulica en la Huasteca; explicó que la región tiene una formación cárstica y que autorizar fracking representaría un alto riesgo no solo por la cantidad de agua que requiere, sino por la posible contaminación de los mantos acuíferos. Enfatizó que mientras esté al frente de Conagua en la entidad, no habrá autorizaciones para esa práctica.
La desconfianza se mantiene en la Huasteca
Activistas y asambleas comunitarias señalan que existe una incongruencia entre el discurso oficial de no permitir el fracking y la existencia de planes energéticos que contemplan yacimientos no convencionales. El municipio de Tanlajás ya negó permisos a Pemex para exploraciones, y las comunidades indígenas reiteraron que no darán consentimiento a proyectos extractivos.
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