Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el grave riesgo que enfrentan los periodistas en México frente al crimen organizado, rechazó por mayoría amparar a la reportera Myrna Susana Gómez Vázquez, amenazada por el Cártel Santa Rosa de Lima, al considerar que impugnó un día fuera de plazo la reducción de sus medidas de protección.
Cinco ministros de la Corte votaron en contra de amparar a Gómez Vázquez y declarar válido el inciso II del artículo 57 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que prevé un plazo de 30 días naturales para impugnar los acuerdos de la Junta de Gobierno.
"No debemos de perder de vista la situación que viven los periodistas en el País. No hace mucho se dio cuenta cómo una periodista (Roxana Guzmán, de Veracruz) incluso grabó el momento en que fue detenida y la noticia es que fue asesinada. En este caso, estamos frente a una mujer periodista con 2 hijas que tuvo que cambiarse de ciudad, e incluso tiene una enfermedad que de pronto le paraliza las piernas", dijo el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, al argumentar a favor del amparo a Gómez Vázquez, aunque quedó en minoría.
En 2019, Gómez Vázquez, periodista de San Luis Potosí, sufrió amenazas, actos de intimidación, el allanamiento de su domicilio y un ataque armado atribuidos a integrantes del cártel. Por ello fue incorporada al Mecanismo de Protección, que le brindó apoyo para reubicarse con sus dos hijas menores, además de alojamiento, alimentación, acceso a internet y un botón de asistencia. Sin embargo, en 2023 el Mecanismo retiró la mayor parte de esas medidas y sólo mantuvo un número de emergencia, el botón de asistencia y el aviso a autoridades estatales, decisión que la periodista impugnó por considerar insuficiente la protección.
La Junta de Gobierno del Mecanismo, sin embargó, argumentó que su impugnación llegó un día después del plazo, y en su proyecto de resolución al Amparo en Revisión 394/2025 la ministra Loretta Ortiz le dio la razón.
Loretta y los ministros Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Estela Ríos, quienes votaron por negarle el amparo, argumentaron que el plazo de 30 días para impugnar es suficiente y prudente, que la reportera puede volver a buscar la protección y que sin un plazo límite las medidas podrían ser revocadas o modificadas indefinidamente.
"No hay nadie más defensora de los derechos humanos que su servidora, basta ver mis precedentes", argumentó Loretta Ortiz luego de que el ministro Arístides Guerrero indicara que su propuesta no consideró la interseccionalidad y las múltiples vulnerabilidades de la periodista, como ser mujer, periodista, víctima de desplazamiento y persona con discapacidad, además de sus hijas menores.
En contraste, los ministros Irving Espinosa Betanzo, Arístides Guerrero y Aguilar sostuvieron que el plazo debía aplicarse con flexibilidad, pues de lo contrario se convierte en un obstáculo para garantizar la seguridad de la periodista. También señalaron que debía privilegiarse el interés superior de sus dos hijas menores de edad.
"El plazo de 30 días se convierte en un obstáculo procesal injustificado, que no solo vulnera el acceso a la justicia, sino que pone en riesgo la vida y el interés superior de la niñez", dijo Guerrero, aunque quedó en minoría.
La votación quedó de cinco ministros a favor de la propuesta de Loretta Ortiz de negar el amparo y tres en contra, mientras que Sara Irene Herrerías se declaró impedida de votar porque forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.
Es la segunda vez que el Pleno discute este amparo. El 24 de febrero, el proyecto de la ministra Estela Ríos, que igualmente planteaba negar el amparo, fue devuelto porque, aunque la mayoría coincidió con el sentido de la resolución, rechazó la fundamentación.
