La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos relacionados con las acusaciones de presuntos nexos con Los Chapitos atribuidas al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador por esa entidad, Enrique Inzunza Cázarez, y a otros ocho ex funcionarios.
En uno de los documentos, dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, el Gobierno advirtió que la difusión de las acusaciones, tal como lo hizo el Departamento de Justicia, podría comprometer el resultado de un eventual proceso de extradición.
"Al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción puede tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición de los reclamados", señaló.
Añadió que la divulgación de la información también podría afectar el derecho al debido proceso de las 10 personas señaladas.
La comunicación, fechada el 30 de abril, un día después de que se hicieron públicas las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York, se centra en las solicitudes de extradición formuladas por el Gobierno estadounidense.
"Se agradecerá que en futuras ocasiones el Departamento de Justicia haga del conocimiento de sus respectivos fiscales el compromiso de confidencialidad de la información sensible en materia de procuración de justicia, que constituye la base de las solicitudes de extradición que formula ese Gobierno", indicó.
El oficio está suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y está dirigida a un funcionario de la Embajada estadounidense. En ambos casos los nombres fueron testados.
El segundo documento, titulado "Líneas de comunicación México-Estados Unidos", enlista los posicionamientos del Gobierno mexicano en torno a las acusaciones y hecho para el personal diplomático mexicano en el exterior.
"La Presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita: 'No vamos a proteger a nadie que haya cometido un crimen, y hemos actuado acorde'. Cualquier acción legal en México requiere evidencia clara y verificable respetuosa de la ley nacional", indica uno de los puntos.
