Tras un mes en la congeladora, este martes los consejeros del INE reiniciarán la discusión sobre crear lineamientos para fiscalizar la promoción anticipada de quienes buscan una candidatura en el 2027.
En su reunión privada de los martes, el consejero Jorge Montaño presentará a sus compañeros una nueva propuesta, pues el 27 de mayo retiró la que votaría el Consejo General para una "mejor reflexión".
En su primer proyecto solo planteaba fiscalizar a los aspirantes a la gubernatura, ahora propone que sea a quienes buscan una candidatura a diputados federales y a todos los cargos locales.
Se argumenta que los lineamientos "no crean una etapa electoral ni sustituyen la regulación legal de precampañas o campañas", por lo que si existen denuncias de actos anticipados se investigará y procederá.
Sin embargo, en los hechos, los partidos, especialmente Morena que ya inició su proceso interno para definir candidaturas al 2027, están creando una etapa previa -no contemplada en la ley- a la precampaña, la cual inicia en noviembre.
En el proyecto que se revisará en el INE se afirma que una vez aprobados los lineamientos por el Consejo General, los partidos que abrieron sus procesos tendrán cinco días para entregar las listas de aspirantes al INE, para que sean "vigilados".
Desde hace varias semanas, los morenistas que aspiran a 17 gubernaturas están en plena campaña promoviéndose, y también a Alcaldías. Sin embargo, en el texto se advierte que los contendientes "no realizarán llamados al voto, directos o indirectos, a favor o en contra de algún partido político o persona".
No se plantea un tope de gastos, pero se propone que los aspirantes aporten a su proselitismo hasta 3 millones 304 mil 893 pesos. Mientras que militantes y simpatizantes podrán depositarles hasta 826 mil 223 pesos.
Los partidos políticos nacionales y locales deberán presentar un informe sobre los costos de su proceso interno, y deberán entregar un reporte de gastos por cada uno de sus aspirantes.
Se detalla que la omisión de informes recibirá como sanción las mismas que se aplican a precandidatos o candidatos, es decir, una amonestación pública, una sanción económica por 5 mil UMAS o la cancelación del registro si se convierten en candidatos en el futuro.
En el documento de 26 páginas con 63 artículos se afirma que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizará un monitoreo y lo comparará con los informes que se entreguen.
