La Suprema Corte de Justicia anuló hoy la auditoría en la que se declaró responsable a la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por la no comprobación del uso de 898 millones de pesos de recursos federales.
Por unanimidad, la Corte resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) actuó ilegalmente, al fiscalizar el uso de recursos federales por su cuenta y sin acuerdo previo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Ministro Irving Espinosa aclaró que el fallo de hoy no impide verificar si existieron las irregularidades detectadas por la ASEG, para fines de fincar responsabilidades a funcionarios, pero que dicha investigación la deben llevar a cabo autoridades que sí tengan competencia para ello.
La sentencia retoma precedentes de la anterior integración de la Corte, que claramente había señalado que la ASF es la única facultada para fiscalizar recursos federales.
"Conforme a estas consideraciones es que este Tribunal Pleno determina que el Informe Individual de Auditoría derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Acapulco, relativo a la auditoría 2023-C-CIF-01- 002-2024, así como el Oficio ASE-1380-2025 por el que se le notificó a la autoridad actora dicho informe y se requirió a la autoridad municipal la entrega de información relacionada con el uso y destino de recursos de origen federal, transgreden el orden Constitucional", se lee en la sentencia.
La ASEG ofreció como prueba un convenio de colaboración con la ASF.
El proyecto, del Ministro Arístides Guerrero, rechazaba que ese convenio permitiera a la ASEG fiscalizar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Sin embargo, varios Ministros pidieron no referirse al convenio ASEG-ASF en la sentencia final, porque ese instrumento no fue aplicado en la auditoría impugnada por Acapulco.
En enero pasado, también por unanimidad y con el mismo argumento de la incompetencia de la ASEG, la Corte confirmó una suspensión que el Ministro en retiro Javier Láynez había otorgado al Municipio en junio de 2025, para impedir cualquier sanción contra la Alcaldesa morenista mientras se resolvía la controversia.
Esta no es la primera que vez que la ASEG denuncia al Gobierno municipal, lo mismo ocurrió en 2024, porque no comprobó más de 200 millones de pesos del mismo fondo federal.
Por este tema, la Alcaldesa enfrenta además un procedimiento de revocación de mandato ante el Congreso estatal, que la Ministra Yasmín Esquivel también suspendió en junio de 2025, como parte de otra controversia pendiente de resolución, que seguramente correrá la misma suerte de la que se discutirá el lunes.
Esquivel prohibió al Congreso remover a López Rodríguez, aunque sí puede seguir llevando a cabo diligencias de ese procedimiento.
El periodo de la Alcaldesa termina el 30 de septiembre de 2027.
