Caso Sánchez Ordaz

El asunto Sánchez Ordaz causa extrañeza. Y es que hay que recordar que el ex presidente municipal de Matlapa, de nombre Marco Antonio y con los referidos apellidos, irrumpió en las instalaciones del PRI, poco más de un año atrás, acompañado  por otras dos personas, armados incluso – se dice – con una metralleta.

Marco Antonio y sus acompañantes habrían amenazado al delegado del CEN del tricolor, Ángel Sergio Guerrero Mier, ex gobernador de Durango y, según la querella presentada por este funcionario partidista, hasta le habrían provocado lesiones.

El ex alcalde de Matlapa y sus acompañantes, tras la violenta incursión a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, habría abordado una camioneta Blazer, con placas de Oklahoma (WKZ-710), aquel 20 de abril de 2006, para huir, luego se supo –  a Catemaco –  Veracruz, donde fue ubicado y aprehendido el 6 de julio de ese mismo año.

Guerrero Mier demandó la actuación de las autoridades judiciales, bajo cargos de ataque peligroso, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, extrañamente, y a pesar de que en aquella ocasión salieron a reducir armas de fuego, e incluso se probó en una fotografía periodística que Sánchez Ordaz portaba una pistola al cinto, cuando fue conminado por el jefe del C-4 a abandonar la sede del tricolor, ni en la demanda ni en la averiguación previa se consignó el uso de armas de fuego, incluso de armas de fuego permitidas exclusivamente para las fuerzas armadas, como es el caso de una subametralladora.

Este cargo solamente hubiera retenido a Marco Antonio Sánchez Ordaz muchos años en la penitenciaría como reo federal. Con todo la tarde del viernes 7 de julio, pasadas las seis de la tarde, el ex alcalde de Matlapa fue puesto en libertad, al considerar el juzgador de la Segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia que en un año y un mes había compurgado el delito de lesiones y porque, misteriosamente, se libró en su favor una sentencia de apelación que lo absolvió del delito de ataque peligroso.

¿Qué paso con el delito de portación ilegal de armas de fuego y, específicamente de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas? Desconocemos qué guió al juzgador para aplicar su liberación. Con todo y más allá de lo que pueda especularse, el hecho es que este personaje se encuentra libre de nueva cuenta.

¿Qué llevó al señor Sánchez Ordaz a actuar de esta manera? El enojo. Y es que el ex alcalde de Matlapa, en funciones como presidente municipal, se sintió ultrajado al no ser ratificado como candidato del PRI a una diputación local ¿O se sintió indefenso? No lo sabemos.

Lo que si sabemos es que es moneda corriente que los alcaldes que no logran cuadrar sus cuentas públicas han podido salvarse de la debacle saltando de las presidencias municipales (incluso a la mitad de la encomienda) al Congreso del Estado, y ya en el nuevo encargo público, con la complicidad de otros legisladores (incluso ajenos a su partido político), lo que es imposible para los presidentes municipales se convierte en cosa facilísima.

El caso Sánchez Ordaz (y otros similares) deberá tomarse muy en cuenta por los legisladores para poner candados antichapulines. Pero claro, con legisladores como los actuales, es fácil suponer que la cosa no irá exactamente por allí.

Pero también deberá revisarse las funciones del llamado Consejo de la Judicatura, con miras a acercarle la atribución para que puedan revisarse y calificarse las actuaciones de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Incluso, hay que recordar, que al respecto existe ya una propuesta de esta naturaleza por parte de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.