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Congreso aprueba reforma electoral para 2027

Con 25 votos a favor y una abstención, el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas electorales que aplicará en el proceso local 2026-2027, que inicia el 15 de noviembre. El dictamen integró nueve iniciativas de distintas bancadas tras mesas privadas entre fuerzas políticas.
 
Voto en prisión preventiva y ajustes al CEEPAC
Se reconoce en la ley local el derecho al voto para personas en prisión preventiva sin sentencia firme, bajo el principio de presunción de inocencia. Su operación se coordinará con autoridades electorales y penitenciarias. Además, se reformaron las reglas para representantes de partidos ante  el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC): tendrán derecho a participar y recibir información, pero su inasistencia no detendrá sesiones ni invalidará acuerdos.
 
Candidaturas y trámites digitales
El control de confianza para aspirantes será voluntario. Al registrarse, podrán manifestar por escrito su voluntad de someterse a evaluaciones ante centros acreditados y anexar la constancia correspondiente, sin que esto sea requisito de elegibilidad ni genere consecuencias jurídicas. La reforma también permite el registro de candidaturas y entrega de documentos mediante plataformas digitales para agilizar trámites.
 
Financiamiento y paridad
Los partidos deberán destinar al menos 4% de su financiamiento público a juventudes, antes 3%; 5% para liderazgo de mujeres y un mínimo de 2% para pueblos indígenas y población afromexicana. En ayuntamientos se reduce a una sindicatura y se garantiza paridad de género en su integración.
 
Coaliciones e injerencia extranjera
Los convenios de coalición deberán presentarse 30 días antes de las precampañas, homologando el plazo con la ley federal. Se añadió como causal de nulidad de elecciones la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados, para proteger la soberanía y la integridad electoral.
No prosperó la propuesta de Morena de pedir documentación con un año de antigüedad para acciones afirmativas de identidad de género. La diputada Jessica Gabriela López Torres argumentó que buscaba evitar simulaciones y proteger derechos de mujeres y grupos LGBTIQ+.
Las reformas armonizan la Constitución local, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza con disposiciones federales, y darán marco al próximo proceso electoral en San Luis Potosí.
 
 
PRINCIPALES REFORMAS
 
1. Nuevos derechos y reglas de participación
 • Voto en prisión preventiva: Se agregó a la ley local. Personas sin sentencia condenatoria firme ya podrán votar. Se coordinará con autoridades electorales y penitenciarias.
 
• Representantes de partidos ante CEEPAC: Cambia la regla. Siguen teniendo voz y acceso a información, pero su inasistencia ya no detiene sesiones ni invalida acuerdos. 
 
 2. Candidaturas y registros
 • Control de confianza voluntario: Se agregó como figura nueva. Los aspirantes pueden someterse a evaluaciones y presentar la constancia, pero no es requisito ni afecta su elegibilidad. Antes no existía esta opción en la ley. 
 
• Trámites digitales: Se agrega la posibilidad de registrar candidaturas y entregar documentos por plataformas electrónicas. Reduce papel y tiempos. Antes solo era físico. 
 
 3. Financiamiento público: aumentan porcentajes mínimos
• Juventudes: Sube de 3% a 4% mínimo.
 
• Mujeres: Se mantiene 5% mínimo, con opción a aumentar.
 
• Pueblos indígenas y población afromexicana: Se agrega piso de 2% mínimo. Antes no estaba especificado.
 
4. Cambios constitucionales y municipales
• Sindicaturas: Se reduce a una sola sindicatura por ayuntamiento. Antes había municipios con dos.
 
• Paridad de género: Se agrega como principio constitucional obligatorio en la integración de ayuntamientos: presidencia + regidurías de mayoría y representación proporcional. 
 
5. Coaliciones y blindaje electoral
• Plazo de coaliciones: Cambia para homologarse con la ley federal. Ahora deben registrarse 30 días antes de precampañas.
 
• Nueva causal de nulidad: Se agregó. Una elección podrá anularse si hay intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados. 
 
 
 
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