San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado aprobó por mayoría de 25 votos a favor y una abstención de la diputada morenista Nancy Jeanine García Martínez, un paquete de reformas electorales que aplicará para el proceso local 2026-2027, el cual iniciará formalmente el próximo 15 de noviembre. El dictamen fue avalado previamente por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Régimen Interno y Asuntos Electorales, luego de integrar nueve iniciativas de distintas bancadas y de sostener varias reuniones privadas para alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas.
Entre los cambios más relevantes destaca el reconocimiento, en la legislación local, del derecho al voto para personas en prisión preventiva que aún no tengan sentencia condenatoria firme, la medida se fundamenta en el principio de presunción de inocencia y su operación se coordinará con las autoridades electorales y penitenciarias.
También se ajustaron las reglas sobre los representantes de partidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), con la reforma se garantiza su derecho a participar en las sesiones y a recibir información, pero se establece que su inasistencia no podrá detener las reuniones ni afectar la validez de los acuerdos que tome el organismo electoral.
En materia de candidaturas, la propuesta del diputado Héctor Serrano Cortés, que buscaba hacer obligatorias las evaluaciones de control y confianza fue modificada, las comisiones determinaron que exigirlas como requisito podría vulnerar el derecho a ser votado, por lo que el mecanismo quedó como una certificación voluntaria de integridad y confiabilidad que no afecta la elegibilidad de las y los aspirantes.
La reforma además moderniza trámites al permitir el registro de candidaturas y la entrega de documentación mediante plataformas digitales, con el fin de reducir cargas administrativas para partidos y autoridades. En financiamiento, los partidos deberán destinar ahora al menos 4% de sus recursos públicos a la capacitación y liderazgo de las juventudes, frente al 3% anterior. También se fija un piso mínimo de 2% para acciones dirigidas a pueblos y comunidades indígenas y población afromexicana, y se mantiene en 5% el porcentaje para el desarrollo político de las mujeres, con la posibilidad de aumentar esa cifra sin observaciones de la autoridad electoral.
Lo que no prosperó fue la propuesta de Morena que planteaba solicitar documentación con al menos un año de antigüedad a quienes se registraran bajo acciones afirmativas relacionadas con identidad de género; la diputada Jessica Gabriela López Torres defendió la iniciativa al señalar que buscaba evitar simulaciones en las postulaciones y aclaró que no iba contra la población de la diversidad sexual, sino a proteger derechos conquistados por mujeres y grupos LGBTIQ+.
Cabe destacar que durante la discusión en comisiones se resaltó que el acuerdo final fue resultado de múltiples mesas de trabajo privadas entre los distintos partidos. La reforma forma parte de los ajustes legales que darán marco al proceso electoral 2026-2027 en San Luis Potosí.
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