Libertad de opinión
El día de ayer se pudo apreciar cómo está creciendo la indignación y la presión contra los diputados locales de San Luis Potosí por sus graves pifias al aprobar e incluir artículos al código penal que están siendo utilizados para perseguir a comunicadores y periodistas. Situación que alertamos con toda anticipación que sucedería.
La bancada del partido verde tuvo una actitud retadora, de desprecio y poca sensibilidad ante los reclamos de los manifestantes. No están midiendo bien la indignación de la gente, que con su actuar arrogante solo provocará que las protestas crezcan y se sumen más agravios.
Como suele suceder en estos eventos, no podían faltar los reventadores infiltrados, que saben perfectamente como actuar y para no variar, fueron utilizados por la diputada del partido verde Roxanna Hernández como el pretexto perfecto para intentar manchar la manifestación, cuando la gente tiene perfectamente claro como fue que llegaron estos vándalos.
SIGUEN COMO SI NADA
Los que siguen como si nada, fueron los elementos de seguridad pública municipal, involucrados en la arbitraria detención de dos jóvenes y de la activista Celia García Valdivieso. En mi columna de la semana pasada, comenté que la contraloría interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí, actuaría con firmeza y los separaría del cargo, mientras realiza una investigación seria y profesional. Lo admito, me equivoqué en mi apreciación y sigue siendo la encubridora de siempre.
SALDRÁ LIBRE
¿Recuerdan a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo? Fue detenido en 2017 y se convirtió en otro de los mandatarios priistas encarcelados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora fue absuelto del delito de delincuencia organizada, en buena medida porque la Fiscalía General de la República no logró sostener la acusación con pruebas suficientes.
La otra causa en su contra, por lavado de dinero, derivó desde 2023 en prisión domiciliaria. Así, uno de los políticos señalados por el saqueo de Quintana Roo está cada vez más cerca de recuperar plenamente su libertad. Este caso, sin duda vuelve a exhibir una constante preocupante: investigaciones deficientes, procesos mal integrados y una justicia que termina beneficiando a quienes tuvieron poder y recursos.
