La Presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que el Gabinete de Seguridad investiga dos casos relacionados con denuncias sobre un presunto uso de la delincuencia organizada para intervenir en conflictos laborales dentro de empresas mineras.
Al ser cuestionada sobre señalamientos contra las compañías canadienses Vizsla Silver y Orla Mining, la Mandataria reconoció que existen acusaciones públicas en ese sentido, aunque aclaró que hasta ahora no hay elementos concluyentes que permitan confirmar esos hechos.
"En algunos casos ha habido denuncias de que se utiliza la delincuencia organizada para resolver problemas internos de los trabajadores", señaló.
La Presidenta afirmó que las autoridades federales mantienen abiertas indagatorias sobre dos expedientes que han sido expuestos públicamente.
"Hay dos casos que está investigando el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación, más que directamente en alguna institución, en la Fiscalía o en el Gabinete de Seguridad, y de todas maneras están investigando", sostuvo.
Sheinbaum indicó que las empresas que enfrenten amenazas, extorsiones o cualquier actividad delictiva deben acudir a las instancias correspondientes para presentar denuncias formales.
"Tienen que hablar con la autoridad en caso de que haya alguna amenaza, alguna solicitud o algún delito, tanto con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad", expresó.
La Mandataria evitó pronunciarse sobre casos específicos y reiteró que corresponde a las investigaciones determinar si existieron vínculos o actos irregulares relacionados con grupos criminales.
Respecto a las mineras canadienses que operan en México, Sheinbaum sostuvo que la principal exigencia de su Gobierno es que cumplan con los mismos estándares ambientales que observan en su País de origen.
"En el caso de las mineras canadienses, más bien el tema es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México", afirmó.
La Presidenta reveló que la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entregó al Gobierno canadiense un listado de compañías con pendientes ambientales en territorio mexicano.
"Se lo dije personalmente al ministro (Mark) Carney. Alicia Bárcena envió una lista de problemáticas de mineras canadienses en México que no han acabado de cumplir con la remediación o los impactos ambientales o la mitigación de impactos ambientales", señaló.
Añadió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat mantienen procedimientos de seguimiento para verificar el cumplimiento de esas obligaciones por parte de las empresas.
El pasado 10 de abril, Grupo REFORMA publicó que la presencia del crimen organizado es un factor que las autoridades de Estados Unidos empiezan a tomar en cuenta en la resolución de quejas y paneles que se presentan bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
Así lo reveló la resolución del caso de la Minera Camino Rojo, de la canadiense Orla Mining, en el cual se expuso que detrás de actos de intimidación en contra de trabajadores de su mina en Mazapil, Zacatecas, estuvo la mano del narco.
El panel que analizó el expediente corroboró que se contrató a un "conocido narcotraficante" para interrumpir con personas armadas las reuniones sindicales y visitar los domicilios de los trabajadores para amenazarlos, incluso de muerte, y así obligarlos a afiliarse al sindicato preferido por la empresa.
En la resolución, que se hizo pública el 26 de marzo a través de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR), los expertos determinaron que la intervención del crimen afectó las relaciones laborales en la mina, con anuencia de empleados de la misma empresa.
