Mientras una persona marca al 911 para reportar un accidente, incendio o hecho violento, las líneas de emergencia pueden estar ocupadas atendiendo una llamada falsa. De acuerdo con la Guardia Civil Estatal, el 70% de las comunicaciones que recibe el sistema en San Luis Potosí corresponden a bromas, reportes inexistentes o situaciones que no representan una emergencia real.
La cifra encendió alertas entre las autoridades de seguridad, pues la saturación del servicio impacta directamente en la capacidad de respuesta de las corporaciones. Datos del propio C5i2 señalan que, de las más de 2 mil 200 llamadas diarias que recibe el 911 en el estado, solo cerca de 400 son emergencias reales. Es decir, 8 de cada 10 llamadas no justifican la movilización de unidades.
Cada llamada falsa le cuesta al estado entre 3 mil y 4 mil pesos
Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) no ha publicado un costo oficial por llamada falsa, estimaciones basadas en referencias nacionales indican que cada movilización innecesaria genera un gasto de entre 3 mil y 4 mil pesos. Este monto contempla la activación del protocolo de atención: tiempo de operadores del C5i2, despacho de patrullas, ambulancias o cuerpos de rescate, combustible, desgaste de unidades y horas-hombre de personal operativo.
Con un promedio de mil 800 llamadas falsas diarias en San Luis Potosí, el gasto teórico por reportes improcedentes podría superar los 5.4 millones de pesos diarios si todas derivaran en movilización. En la práctica, muchas se filtran antes de despachar unidades, pero el costo en tiempo, saturación de líneas y riesgo operativo persiste.
Emergencias reales que quedan en espera
Cada llamada al 911 activa un protocolo que involucra operadores, personal de seguridad, cuerpos de emergencia y, en ocasiones, la movilización de patrullas, ambulancias y equipos de rescate. Cuando el reporte resulta falso, no solo se desperdician recursos humanos y materiales: también se genera un retraso que puede ser determinante para quienes requieren ayuda inmediata.
Las autoridades estatales advirtieron que detrás de cada llamada improcedente existe el riesgo de que otra persona permanezca en espera durante una situación crítica. El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, reconoció que entre 60% y 70% de las llamadas son falsas y que esto provoca que, en casos reales, las líneas se saturen y no entren reportes urgentes.
Sanciones penales y multas por reportes falsos
La Guardia Civil Estatal recordó que realizar llamadas falsas al sistema de emergencias no es una “simple travesura”. La legislación vigente en San Luis Potosí contempla sanciones administrativas y penales. El artículo 92 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública establece multas de 30 a 200 días de UMA (de 3 mil 519.30 a 23 mil 462 pesos) a quien realice reportes falsos que movilicen a las autoridades. Además, el Código Penal sanciona esta conducta con uno a cuatro años de prisión y multa de 100 a 400 días de salario mínimo. El dinero recaudado por estas multas se destina al Sistema de Videovigilancia del estado. Las medidas buscan desalentar una práctica que, además de generar gastos operativos, pone en riesgo vidas.
Un problema recurrente que crece en todo el país
El mal uso del número de emergencias se presenta en distintas entidades. En San Luis Potosí, reportes señalan que las llamadas falsas aumentaron 3.1% entre 2024 y 2025. Autoridades de seguridad y protección civil han reiterado que este fenómeno es uno de los principales obstáculos para brindar atención eficiente y oportuna.
Por ello, la Guardia Civil Estatal hizo un llamado a la ciudadanía a usar el 911 con responsabilidad y recordar que, detrás de cada línea ocupada por una falsa alarma, puede haber una víctima esperando ayuda. El C5i2 invirtió 7.9 millones de pesos en 2025 para fortalecer el sistema 911 y 089, pero sin un uso consciente de la ciudadanía, la tecnología no basta.
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