San Luis Potosí, SLP.- La falta de respuestas y la presunta indiferencia institucional llevaron este viernes a una madre de familia a tomar una medida drástica, cerrar el acceso al jardín de niños “20 de Noviembre”, ubicado en el Barrio de Tlaxcala, como una forma de presión para exigir avances en una denuncia por presunta violencia contra su hija de apenas cuatro años.
La protesta no solo puso sobre la mesa un caso particular; también abrió nuevamente el debate sobre la capacidad de las instituciones educativas para atender y proteger a menores con necesidades especiales, así como sobre la rapidez con la que se atienden denuncias que involucran a niños.
Berenice Salas aseguró que desde hace varios meses inició un recorrido por distintas dependencias luego de que su hija comenzó a expresarle situaciones que presuntamente ocurrían dentro del aula.
“Yo empecé todo este proceso porque mi hija me lo hizo saber. Ella empezó a decirme cosas que estaban pasando dentro de la escuela y yo como mamá tenía que actuar”, manifestó.
La madre explicó que la menor le relató episodios donde presuntamente una docente ejercía conductas agresivas durante actividades escolares.
“Ella me decía que cuando no hacía caso la maestra la jalaba de su ropa y le pegaba en sus manos. Yo dije, tenga una condición o no tenga una condición, ningún niño debe ser tratado así”, señaló.
La madre detalló que su hija tiene diagnóstico dentro del espectro autista grado 2 y recibe atención especializada, situación que —consideró— obliga a generar condiciones adecuadas de inclusión y acompañamiento dentro del entorno escolar.
Sin embargo, lejos de representar un espacio seguro, afirma que la situación comenzó a reflejarse en el comportamiento emocional de la niña.
“Mi hija empezó con mucha angustia, con mucho estrés. Cuando tuvo que hablar del tema ante las autoridades se ponía muy tensa, no quería tocar el tema”, comentó.
Más allá de la denuncia inicial, uno de los principales reclamos se dirigió hacia el seguimiento del caso. La madre sostuvo que las investigaciones requieren documentación y datos institucionales que, según afirmó, no han fluido con la rapidez necesaria.
“Fiscalía está haciendo su trabajo, pero necesitan información de la institución. Lo que están solicitando son datos generales y no se ha entregado como corresponde”, expresó.
Incluso aseguró que al buscar una actualización sobre el procedimiento recibió una respuesta que aumentó su molestia.
“Cuando fui a pedir una respuesta me dijeron que mi caso estaba traspapelado. Después de tantos meses yo esperaba que ya hubiera una solución”, declaró.
La inconformidad también se extendió hacia la atención de otros posibles casos dentro del plantel. La manifestante pidió revisar si existen situaciones similares que no han sido denunciadas por temor o desconocimiento.
“Yo hablo por mi hija porque es lo que me consta, pero también hay otros papás que han vivido situaciones y muchas veces no se atreven a denunciar”, indicó.
Además, cuestionó las condiciones de integración para estudiantes con diagnósticos específicos dentro de las escuelas.
“No todos los niños aprenden igual y una escuela debe tener la responsabilidad de atenderlos, no de apartarlos”, manifestó.
Como parte de sus exigencias pidió que se deslinden responsabilidades y solicitó la separación definitiva de la docente señalada y de la directora del plantel.
“Yo no estoy pidiendo algo fuera de la ley, estoy pidiendo que se cuide a los niños y que quienes tengan responsabilidad respondan”, expresó.
Mientras esperaba una respuesta formal de las autoridades educativas, la madre dejó claro que continuará con el proceso legal hasta obtener una resolución.
“Yo voy a seguir hasta que exista una respuesta, porque no quiero que otro niño pase por una situación como esta”, concluyó.
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