OPINIÓN
De la celebración al negocio
Con la llegada del fin de cursos, miles de familias mexicanas se preparan para acompañar a sus hijos en la conclusión de una etapa importante de su formación académica. Se trata de momentos que naturalmente deben generar orgullo, satisfacción y reconocimiento al esfuerzo realizado durante meses o incluso años. Sin embargo, junto con la alegría de concluir un ciclo escolar, también aparece una realidad que cada vez preocupa más a padres de familia, docentes y especialistas en educación: el creciente costo económico que representan las graduaciones y los eventos asociados a ellas.
Lo que durante décadas fueron ceremonias sencillas orientadas a reconocer el aprovechamiento académico de los estudiantes se ha transformado gradualmente en una compleja industria de servicios, paquetes y celebraciones que en muchos casos terminan generando una presión económica considerable para las familias. Vestidos especiales, trajes, togas, birretes, paquetes fotográficos, anillos, cenas, salones de eventos, espectáculos, viajes y una larga lista de gastos adicionales forman parte de una dinámica que parece haber desplazado el verdadero sentido de estas ceremonias. La pregunta resulta inevitable: ¿en qué momento las graduaciones dejaron de ser una celebración educativa para convertirse en un negocio?
La respuesta no es sencilla, pero basta observar lo que ocurre actualmente en numerosos centros educativos para advertir que la línea entre el reconocimiento académico y la comercialización de los eventos escolares se ha vuelto cada vez más difusa. En muchos casos, las familias no enfrentan una invitación para participar en una celebración, sino una presión social difícil de rechazar. Nadie quiere que sus hijos se sientan diferentes. Ningún padre desea que un niño quede fuera de una fotografía grupal, de una ceremonia o de una convivencia por razones económicas.
México enfrenta además un contexto económico complejo. El incremento sostenido en alimentos, transporte, vivienda, servicios y educación ha reducido la capacidad de gasto de millones de hogares. Para muchas familias, la temporada de graduaciones coincide con pagos de colegiaturas, uniformes, útiles escolares para el siguiente ciclo y otros compromisos financieros. En este escenario, una celebración que puede representar varios miles de pesos deja de ser un simple festejo para convertirse en una preocupación que afecta directamente la economía familiar.
Imaginemos el caso de una alumna destacada. Durante años obtuvo excelentes calificaciones, participó activamente en la vida escolar, cumplió con sus responsabilidades y representó con orgullo a su institución. Sin embargo, al concluir la primaria o la secundaria, su familia enfrenta dificultades económicas que le impiden cubrir el costo de la fiesta de graduación, el paquete fotográfico, el vestido o algunas de las actividades organizadas alrededor de la ceremonia. Mientras sus compañeros celebran juntos el cierre de una etapa importante de sus vidas, ella observa desde la distancia cómo queda excluida de una experiencia que debería ser compartida por todos.
Para algunos adultos podría parecer un asunto menor. Sin embargo, desde la perspectiva emocional de una niña o adolescente, la exclusión derivada de una condición económica puede generar sentimientos de tristeza, frustración, vergüenza, aislamiento e incluso afectar su autoestima. Los especialistas en desarrollo infantil han señalado durante años que las experiencias de exclusión social durante etapas formativas pueden dejar huellas importantes en el desarrollo emocional de los menores. Por ello, resulta preocupante que actividades vinculadas a la escuela terminen reproduciendo diferencias económicas que deberían permanecer fuera de los espacios educativos.
Las instituciones educativas privadas cumplen una función relevante dentro del sistema educativo nacional. Amplían la oferta académica, generan empleos y representan una alternativa legítima para miles de familias que buscan determinadas opciones de formación para sus hijos. Sin embargo, la educación posee una naturaleza distinta a cualquier otra actividad económica. Su finalidad principal no es generar ganancias, sino formar personas y contribuir al desarrollo integral de quienes pasan por sus aulas.
Cuando actividades complementarias comienzan a adquirir mayor relevancia que los propios procesos de enseñanza y aprendizaje, resulta válido preguntarse si se está preservando adecuadamente la misión social que justifica la existencia de una institución educativa. La educación no puede medirse exclusivamente bajo criterios de rentabilidad. Cuando el interés comercial comienza a desplazar valores como la inclusión, la igualdad, la solidaridad y la formación integral de los estudiantes, existe el riesgo de perder de vista el propósito fundamental de la escuela. La calidad educativa no se refleja en el tamaño de una fiesta, en la elegancia de un salón o en el costo de un paquete fotográfico. La verdadera calidad educativa se encuentra en la formación académica, ética y humana que una institución brinda a quienes confían en ella.
Desde el punto de vista jurídico, la reflexión también resulta pertinente. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta deberá desarrollarse bajo principios de inclusión, equidad, excelencia y respeto a la dignidad humana. Por su parte, la Ley General de Educación señala que las autoridades educativas deben promover condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades y evitar cualquier forma de discriminación o exclusión entre los educandos.
Asimismo, el principio del interés superior de la niñez, reconocido tanto en el artículo 4° constitucional como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obliga a todas las instituciones públicas y privadas a colocar el bienestar integral de los menores por encima de cualquier otra consideración. A la luz de estos principios, resulta razonable cuestionar si ciertas prácticas escolares contribuyen verdaderamente a fortalecer la inclusión o si, por el contrario, terminan generando diferencias basadas en la capacidad económica de las familias. La educación debe unir, no dividir. Debe construir comunidad, no reproducir desigualdades.
La experiencia internacional ofrece elementos interesantes para la reflexión. En países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania y Canadá, reconocidos por la calidad de sus sistemas educativos, las ceremonias de conclusión de estudios básicos suelen caracterizarse por la sencillez, la solemnidad y el reconocimiento académico. Las familias participan activamente, los estudiantes son reconocidos por sus logros y el énfasis se coloca en el aprendizaje alcanzado, no en la magnitud económica de la celebración.
Las grandes ceremonias de graduación suelen reservarse para la conclusión de estudios universitarios o programas profesionales, donde efectivamente existe la obtención de un grado académico especializado. En contraste, en diversas regiones de América Latina se ha desarrollado una tendencia que convierte incluso la conclusión del preescolar, la primaria o la secundaria en eventos de gran escala que generan gastos significativos para las familias. La diferencia no radica en celebrar. La diferencia radica en comprender qué se está celebrando.
Y precisamente ahí encontramos uno de los puntos centrales de este debate. La primaria y la secundaria representan etapas fundamentales en la formación de cualquier persona. Concluirlas merece reconocimiento, solemnidad y respeto. Sin embargo, también debemos entender que no constituyen grados profesionales ni procesos terminales de especialización académica. No existe un título profesional al concluir la primaria ni una acreditación especializada al terminar la secundaria. Se trata del cierre de ciclos educativos obligatorios que forman parte de la formación básica de cualquier ciudadano.
Por ello, las ceremonias deberían centrarse en el esfuerzo realizado, en el crecimiento personal de los estudiantes y en el acompañamiento de las familias y los docentes. Existe una enorme diferencia entre solemnidad y ostentación. La solemnidad reconoce el esfuerzo, fortalece la identidad institucional y transmite valores. La ostentación, en cambio, corre el riesgo de medir la capacidad económica de las familias y convertir una celebración educativa en una competencia de apariencias. La primera educa; la segunda divide.
Frente a esta realidad, resulta necesario que las autoridades educativas analicen el fenómeno y establezcan directrices claras que permitan evitar abusos. No se trata de prohibir graduaciones ni de impedir celebraciones escolares. Se trata de garantizar que ninguna actividad vinculada a la conclusión de estudios genere exclusión, discriminación o presión económica indebida para las familias.
La Secretaría de Educación Pública y las autoridades estatales podrían impulsar lineamientos que promuevan ceremonias incluyentes, accesibles y acordes con la naturaleza académica de estos eventos, preservando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sería deseable fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que actividades complementarias se conviertan en obligaciones económicas disfrazadas de tradición escolar.
Los mexicanos somos un pueblo profundamente festivo. Celebramos la independencia, las fiestas patronales, los cumpleaños, los triunfos deportivos, las bodas, los bautizos y, paradójicamente, hasta la muerte. Pocas culturas han logrado convertir el recuerdo de quienes ya no están en una expresión tan profunda de identidad colectiva como ocurre cada Día de Muertos. Celebrar forma parte de lo que somos y constituye una de las mayores riquezas de nuestra cultura.
Sin embargo, precisamente por esa vocación festiva, en ocasiones confundimos el significado de los acontecimientos con el tamaño de los festejos que los acompañan. En materia educativa, esa confusión comienza a ser evidente. Lo que debería ser un acto de reconocimiento al esfuerzo académico y al crecimiento personal de los estudiantes corre el riesgo de convertirse en una demostración de capacidad económica que poco tiene que ver con los valores que la educación debería promover.
Quizá ha llegado el momento de recuperar el verdadero sentido de estas ceremonias. Menos apariencias y más reconocimiento. Menos competencia social y más comunidad. Menos negocio y más educación. Porque cuando una graduación se convierte en un privilegio económico, deja de cumplir plenamente su función educativa. Y cuando el lucro ocupa el espacio que debería corresponder a la formación humana, todos perdemos de vista la razón por la que existe la escuela.
Las graduaciones deben reconocer el mérito académico, el esfuerzo compartido y los sueños que representan. Nunca la capacidad económica de las familias.
Habremos de estar muy atentos a las definiciones que Morena tome en San Luis Potosí respecto de los perfiles que participarán en sus mecanismos internos de medición y posicionamiento político rumbo a los próximos procesos electorales. La reciente visita de la presidenta de la República al estado, breve y discreta, ha generado diversas interpretaciones dentro de los círculos políticos locales. Más allá de la agenda oficial, su presencia deja abiertas expectativas sobre posibles definiciones, reacomodos y señales respecto al futuro liderazgo del movimiento en la entidad.
En política, muchas veces los mensajes más importantes no se encuentran en los discursos, sino en los movimientos que los acompañan. Por ello, las decisiones que Morena adopte durante las próximas semanas serán observadas con especial atención por propios y extraños, particularmente en un estado donde comienzan a perfilarse los liderazgos que buscarán conducir el proyecto político rumbo a 2027. Los próximos meses permitirán conocer si estamos frente a simples ajustes internos o ante el inicio de una nueva etapa política para el movimiento en San Luis Potosí.
