En San Luis Potosí, la libertad de expresión parece haber dejado de ser un derecho fundamental para convertirse en una bandera política que todos quieren ondear rumbo al 2027. Como si se tratara de una plaza pública en tiempos electorales, distintos actores compiten por apropiarse de una causa que, en teoría, debería pertenecer únicamente a la ciudadanía.
Todo comenzó con la llamada Ley Serrano, impulsada por el diputado local Héctor Serrano. La iniciativa busca regular el uso de la inteligencia artificial para evitar la manipulación de contenidos, la difusión de información falsa y la afectación de la reputación de las personas, especialmente de figuras públicas. El objetivo, en esencia, no parece equivocado. Vivimos en una era donde una imagen alterada o una voz clonada pueden destruir carreras, engañar a la población o distorsionar la realidad.
Sin embargo, donde surge la polémica es en la posibilidad de castigar estas conductas con cárcel. Ahí es donde el debate deja de ser tecnológico para convertirse en democrático. El Congreso debería construir leyes que protejan a la ciudadanía y utilizar la privación de la libertad como el último recurso, no como la primera respuesta. La discusión de fondo no es si debe existir regulación, sino si el castigo propuesto es proporcional y compatible con el derecho a expresarse libremente.
La controversia escaló y pronto aparecieron quienes encontraron en ella una oportunidad política. Entre ellos, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien se presentó como uno de los principales defensores de la libertad de expresión. El discurso suena correcto, los periodistas tienen derecho a preguntar y cuestionar; los funcionarios, la obligación de responder. Pero las palabras pierden fuerza cuando la realidad camina en sentido contrario.
Resulta difícil sostener una defensa absoluta de la libertad de expresión cuando existen eventos a puerta cerrada, cuando la agenda pública no llega a todos los reporteros por igual y cuando algunos comunicadores son excluidos por mantener una postura crítica. La libertad de expresión no consiste únicamente en permitir que alguien hable; también implica garantizar que pueda preguntar, investigar y cuestionar sin obstáculos institucionales.
La contradicción se vuelve más evidente cuando algunos medios afines al poder desacreditan el trabajo de otros periodistas mientras se organizan desayunos para celebrar precisamente la libertad de expresión. Es como inaugurar un puente mientras se cierran los caminos que conducen a él.
Y el problema no termina en las conferencias de prensa. También aparece cuando una autoridad detiene a un joven por considerarlo sospechoso debido a una mochila que contenía una Biblia y un rosario, o cuando una activista defensora de derechos humanos termina detenida tras cuestionar una actuación policial. En esos momentos, la libertad de expresión deja de ser un discurso y se convierte en una prueba de fuego para las instituciones.
Quizá la lección más importante sea entender que la libertad de expresión no pertenece ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los medios de comunicación. No es un trofeo político ni una herramienta de propaganda. Es un derecho que incomoda, cuestiona y confronta. Precisamente por eso es valioso.
Porque una democracia sana no se mide por los aplausos que recibe el poder, sino por la capacidad que tiene para tolerar las preguntas que no le gustan. Y mientras sigamos utilizando la libertad de expresión como estandarte de conveniencia y no como principio de convivencia, seguiremos confundiendo el eco de los discursos con la verdadera voz de la sociedad.
