San Luis Potosí, SLP.- La polémica generada por la detención de la abogada y activista defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso, así como de un joven que fue interceptado por elementos municipales en la zona de Avenida Universidad, abrió un nuevo debate sobre los procedimientos de actuación policial en la capital potosina. Ante ello, autoridades municipales reconocieron que existen áreas que deben fortalecerse para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos durante revisiones y detenciones.
Tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital como integrantes del Cabildo coincidieron en que los protocolos de actuación deben revisarse y reforzarse, especialmente en temas relacionados con derechos humanos y trato a la ciudadanía.
El titular de la corporación, Juan Antonio Villa, informó que tras el caso se alcanzaron acuerdos con activistas y defensores de derechos humanos para impulsar procesos de capacitación dirigidos a los elementos municipales.
“Acordamos fortalecer aspectos en temas de protocolos, fortalecer aspectos de derechos humanos y activistas se ofrecieron en el tema de la capacitación y yo fui el primero en levantar la mano para ello”, señaló el funcionario.
La postura fue respaldada por el regidor Jorge Zavala, quien consideró indispensable analizar el comportamiento de los agentes involucrados debido a que la prioridad de cualquier corporación debe ser la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Hay que revisar el actuar de los policías; siempre se ha manifestado de esta manera el actuar y las indicaciones que da el alcalde Enrique Galindo de proteger y poner por delante los derechos humanos, entonces hay que revisar el actuar de la policía”, expresó.
El edil sostuvo que este episodio evidencia la necesidad de reforzar la preparación de los elementos municipales para evitar situaciones que puedan derivar en señalamientos por abuso de autoridad o vulneración de derechos.
“Esto deriva de la capacitación. Encontramos un punto de fortaleza para que el propio Ayuntamiento tenga esos cursos de capacitación para que los propios actúen apegados a los derechos humanos”, agregó.
Los hechos ocurrieron luego de que la policía municipal atendiera reportes ciudadanos que advertían sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en las inmediaciones del Instituto del Niño y la Familia, sobre Avenida Universidad.
De acuerdo con la versión de los involucrados, un joven que salía de un retiro religioso fue considerado sospechoso por los agentes debido a que portaba una mochila. Al solicitarle una revisión, el joven reaccionó con temor, soltó sus pertenencias y corrió del lugar. Posteriormente fue interceptado por los oficiales.
Dentro de la mochila, según se dio a conocer posteriormente, únicamente se encontraban objetos religiosos como una Biblia y un rosario.
Durante la intervención apareció la abogada y activista Celia García Valdivieso, quien cuestionó la actuación de los agentes y pidió que no se llevaran al joven al considerar que no había cometido ningún delito. La situación derivó en una confrontación verbal, la congregación de varias personas y finalmente la detención tanto del joven como de la activista por una presunta alteración al orden público.
Sin embargo, la SSPC sostiene que los elementos actuaron conforme a los procedimientos establecidos.
“Llevan a cabo una revisión ante una evasión que hizo el mismo joven masculino al momento que se hizo una revisión bajo todos los protocolos y se hace una especie de discusión en donde llega la abogada. Nunca se hizo la identificación de una activista y mucho menos que la detención se haya dado por esta situación. Los elementos cumplen con los protocolos y los ponen a disposición del juez cívico”, afirmó Juan Antonio Villa.
Tras la detención se desarrolló una audiencia ante un juez cívico, donde ambas partes expusieron sus argumentos respecto a lo ocurrido.
De acuerdo con el titular de la SSPC, la autoridad revisó el informe elaborado por los policías y concluyó que la conducta atribuida a los detenidos no ameritaba sanción.
“Hubo una audiencia en donde las partes pudieron manifestar ante el juez cívico su derecho de réplica. Derivado de eso, el juez determinó que la falta por la cual habían sido puestos a disposición, que era escandalizar en vía pública, no ameritaba ninguna sanción. Había algunas circunstancias que no se estaban cumpliendo y el juez cívico determinó su inmediata libertad”, explicó.
Mientras el caso continúa generando cuestionamientos entre colectivos y defensores de derechos humanos, la corporación municipal mantiene abierta la revisión interna para determinar si existieron irregularidades en la actuación de los elementos participantes.
El secretario de Seguridad precisó que cualquier posible sanción dependerá del resultado que emita la Comisión de Honor y Justicia.
“Esto lo tiene que tomar la Comisión de Honor y Justicia, que determina esta situación y en el momento que se tenga una resolución se les dará a conocer”, concluyó.
El caso dejó al descubierto una realidad reconocida por las propias autoridades, aunque la corporación sostiene que sus elementos actuaron conforme a los procedimientos establecidos, existe la necesidad de reforzar la capacitación y perfeccionar los protocolos de actuación para evitar que futuras intervenciones deriven en controversias relacionadas con derechos humanos y presuntos abusos de autoridad.
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