San Luis Potosí, SLP.- La polémica generada por la detención de un joven que salía de un retiro religioso y de la activista y abogada Celia García terminó por escalar hasta el despacho del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien reconoció que el caso exhibió fallas en la actuación policial y ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.
El incidente ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital interceptaron a un joven que caminaba por la zona portando una mochila que contenía una Biblia y un rosario. De acuerdo con la versión oficial, los agentes realizaban recorridos derivados de reportes ciudadanos sobre presunta venta de droga en el sector y consideraron necesario realizar una revisión preventiva.
Sin embargo, la intervención terminó convirtiéndose en un conflicto que involucró a participantes de un retiro religioso y a la activista Celia García, quien intervino para impedir que el joven fuera trasladado por los policías al considerar que no existían motivos suficientes para su detención.
Tras la controversia y las críticas generadas por el actuar de los elementos municipales, el alcalde Enrique Galindo defendió inicialmente la actuación de los agentes al señalar que respondían a denuncias previas relacionadas con actividades ilícitas en la zona.
“Había reportes en la zona de venta de droga y cosas de ese tipo; las policías por protocolo revisan y el muchacho se hizo más de sospecha cuando agarró la mochila y quiso correr. Eso detona otro protocolo de los policías. No se le iba a detener, se le iba a revisar; no era por aspecto, sino por reporte de la zona y tuvo una actitud de poca cooperación y es donde interviene la policía. Mandé ordenar que se revise otro protocolo. No podemos detener a alguien solo por sospecha, pero había denuncias de venta de droga y se va a detectar ese tema”, explicó.
No obstante, el propio presidente municipal reconoció que la situación terminó manejándose de manera incorrecta y lamentó las consecuencias que enfrentaron tanto el joven como la defensora de derechos humanos.
“Lamento mucho que se haya dado este incidente con la maestra Celia. Los policías, ya en el calor de una intervención, ellos no traen toda la película, no la conocían”, comentó.
Las declaraciones del alcalde representan un reconocimiento implícito de que la actuación policial derivó en una situación que pudo haberse evitado y que evidenció áreas de oportunidad dentro de los protocolos de intervención de la corporación municipal.
Respecto a la detención de Celia García, Galindo insistió en que la acción no estuvo relacionada con su labor como activista o defensora de derechos humanos, sino con la alteración del orden durante el desarrollo del operativo. Sin embargo, admitió que existió un malentendido que terminó afectando a todas las partes involucradas.
“El objetivo era otro muchacho, otra detención, y ya ves que lo detuvieron. Se desconoció a la abogada, que no era su abogada, pero ahí actuó en defensa de él. Fue un lamentable mal entendido y yo me disculpo con ella públicamente. Ayer el secretario Villa, la contralora interina y la coordinadora de Derechos Humanos atendieron a la abogada en los mejores términos. Fue un mal domingo para todos; de ahí no pasó”, afirmó.
Más allá de la disculpa pública, el caso ha puesto bajo la lupa los procedimientos de actuación de la policía capitalina, particularmente aquellos relacionados con revisiones preventivas derivadas de reportes ciudadanos. El propio alcalde adelantó que ordenó revisar los protocolos para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir y garantizar que las intervenciones policiales respeten plenamente los derechos de las personas.
La controversia también abrió un debate sobre los límites de las revisiones preventivas y la necesidad de que los cuerpos de seguridad cuenten con criterios claros para distinguir entre una conducta sospechosa y el ejercicio legítimo de derechos ciudadanos, especialmente cuando intervienen defensores de derechos humanos o integrantes de la sociedad civil.
Así, lo que comenzó como una revisión derivada de reportes de narcomenudeo terminó convirtiéndose en un caso que obligó al gobierno municipal a reconocer errores, ofrecer disculpas públicas y comprometerse a fortalecer los protocolos de actuación policial.
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